El PP insiste en que Leguina y Borrell aclaren la gestión y el traspaso de la Diputación

El Partido Popular en la Asamblea de Madrid anunció ayer la próxima presentación de una demanda ante el Tribunal de Cuentas para que determine las posibles responsabilidades económicas de aquellos funcionarios y políticos que, como César Cimadevilla, José Borrell y Joaquín Leguina, se encargaron de la gestión de la Diputación Provincial en los últimos años y del traspaso del patrimonio de este organismo a la actual Comunidad. Los socialistas coinciden en tachar esta nueva ofensiva de "fuego de artificio" y afirman que el tribunal, tras fiscalizar el período 1979-1983, sólo encontró defectos formales.

"El Tribunal de Cuentas, al auditar los ejercicios de la desaparecida Diputación, ha ejercido una función fiscalizadora. Ahora, queremos que ejerza la jurisdicción contable", aseguró ayer José López López, diputado del PP en la Asamblea.El PP, según López, pretende con esta nueva demanda que se: determinen las responsabilidades económicas, no las penales, en que pudieron incurrir cuantos políticos y funcionarios se ocuparon de la gestión de la Diputación entre 1979 y 1983 y de cuantos se encargaron del traspaso patrimonial a la Comunidad. "Si el tribunal determinara que existen responsabilidades económicas podría fijar el reintegro de cantidades por daños y perjuicios ocasionados a los caudales y efectos públicos", dijo López.

"Grosería democrática"

"Si Leguina ha cometido la grosería democrática de no comparecer ante el pasado jueves ante el pleno de la Asamblea para explicar el procedimiento seguido en el traspaso de bienes y servicios de la Diputación a la Comunidad, sí tendrá que responder al tribunal por qué no firmó las actas de traspaso", dice López."También tendrá que responder José Borrell, responsable de Hacienda en la Diputación. Tendrá que decir, por ejemplo, por qué se hicieron dos pagos en la residencia de ancianos de Colmenar de 5 y 10 millones sin deudor conocido o por qué se adjudicó la obra de un edificio, en contra de los informes de los técnicos, a una empresa desconocida en una cantidad que al final se elevó a más del doble. Al menos, hay que investigarlo".

López afirma estar dispuesto a ir "hasta el final" y no le importa que los socialistas propongan investigar períodos anteriores, a 1979. "Hablé en octubre con José María Aznar y me dijo que fuéramos adelante cayera quien cayera". Según López la auditoría del Tribunal de Cuentas realizada entre 1984 y 1989 y conocida el verano pasado es un "asunto emblemático" para su partido.

"De la auditoria del Tribunal de Cuentas no se ha derivado ninguna responsabilidad pena¡", manifestó ayer Marcos Sanz, portavoz del grupo socialista en la Asamblea.

"El tribunal reconoce la imposibilidad de hacer un trabajo más serio, ante la falta de papeles", aseguró, por su parte, Luis Alejandro Cendrero, consejero de Hacienda."Desde 1975 a 1979 prácticamente no hay papeles. Del cuatrienio posterior se han encontrado muchos pero no todos. Hay que tener en cuenta los años transcurridos", agregó.

"Al primer gobierno regional se le ha acusado de que no hizo una liquidación de las cuentas de la Diputación. Se trataba de la misma institución que adoptaba una forma distinta. Incluso la Comunidad continuó con el mismo presupuesto de la Diputación. Cuando se acabó ese año se hicieron las cuentas del ejercicio", manifestó el consejero.

Para Cendrero la política del PP en este tema es "una agitación política absurda, una pérdida de tiempo lamentable y el reflejo de que el síndrome de la moción de censura sigue ahí". Para el diputado regional César Cimadevilla, presidente de la Diputación en 1982 cuando sustituyó a José María Rodríguez Colorado, "es una situación de ruido permanente".

"Si el Tribunal hubiera observado algo grave, algo perseguible, habría actuado de oficio", dijo Cimadevilla. "Los socialistas nos tuvimos que hacer cargo de una Diputación que era un auténtico desastre. Las pegas que pone la auditoría son sobre formalidades no seguidas en aplicación de una Instrucción de 1952 ya cambiada por la ley", afirmó.