Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal del Estado investiga una empresa relacionada con Juan Guerra

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ordenó ayer la apertura de diligencias informativas por las presuntas irregularidades detectadas en la empresa Samart, con sede en Gerona, dedicada a la fabricación de placas para automóviles y farolas, y uno de cuyos propietarios, según Europa Press, es Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno.Según explicó el propio Torres, estas diligencias se han abierto tras un informe remitido a la Fiscalía por el Ministerio de Industria y Energía, "por si de él se desprende que pudiera existir irregularidades en la homologación de las placas de matrícula que fabrica esta empresa". El fiscal general añadió que el informe ha sido remitido a la fiscalía de Madrid, que será la encargada de llevar a cabo esta investigación.

El objeto de las diligencias informativas es, según Torres, profundizar en este asunto para ver si efectivamente existen tales irregularidades y, en su caso, llevar a cabo las acciones legales oportunas.

Fuentes del Ministerio de Industria manifestaron desconocer ese informe referido a las irregularidades en la homologación de las placas. Una nota informativa de Industria, hecha pública el pasado 11 de enero, señalaba que "las contraseñas de homologación concedidas a Samart por la Dirección General de Política Tecnológica cumplen la legislación vigente", dado que para su concesión se hicieron de forma satisfactoria todos los ensayos reglamentarios por el único laboratorio oficialmente acreditado en este campo, el Laboratorio Central Oficial de Electrónica de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid".

La nota ministerial reconoce, sin embargo, que, a raíz de unas alegaciones presentadas en septiembre de 1988 por los empresarios del sector -agrupados en AFAPIVE-, Samart fue obligada a corregir una doble contraseña de homologación. La dirección general desestimó las otras alegaciones de AFAPIVE por considerar que no vulneraban la normativa. Una de las alegaciones se refería a que el nombre de la empresa figuraba en la placa, aunque sin coloración, por lo que no constituía publicidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de febrero de 1990