De 1.600 a 9.000 millones
Las aportaciones regulares del Estado a los partidos no han sido controladas nunca en los 10 años transcurridos desde el establecimiento de este sistema, período en el cual se ha pasado de 1.600 a 9.000 millones de pesetas de subvención por este concepto, que es sólo una parte de la financiación pública de los partidos.Hasta 1986, la ley no preveía fórmulas de fiscalización. La reforma de 1987 incorporó el control del Tribunal de Cuentas, pero a estas alturas no está justificada todavía ante las Cortes ni una sola peseta de esa subvención.
La financiación permanente de las fuerzas políticas comenzó en 1979, gracias a una ley que fue promovida por el Gobierno de Adolfo Suárez en paralelo con la constitucionalización de los partidos. Se inició con 1.600 millones en 1979, que se duplicaron en siete años, en pesetas corrientes.
A raíz de la nueva ley, que entró en vigor el 4 de julio de 1987, esta clase de financiación estatal, de carácter regular, sobrepasó los 7.000 millones y ahora ha llegado a 9.000.
Junto con el sensible incremento de la financiación pública, el legislador introdujo, por primera vez, el control del Tribunal de Cuentas. Ese es el instrumento que ha fallado. El Tribunal no ha podido presentar aún ni un sólo dictamen sobre la contabilidad de los partidos (véase EL PAÍS de ayer). Y las Cortes tampoco han constituido con rapidez una comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, pese a que la legislatura permanece abierta desde finales de noviembre de 1989.
De este modo, un sistema de financiación pública, nacido para evitar desviaciones y escándalos de fondos irregulares, ha entrado en una situación de cierta opacidad.
