El reducto del CIS
LOS SOCIALISTAS parecen dispuestos a abrir algún portillo en el hermético reducto gubernativo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), señalado una y otra vez como uno de sus más eficaces instrumentos de poder y como fuente inu nífica de información privilegiada. Aunque su entusiasmo no sea tan fuerte como para tomar la iniciativa, al menos han anunciado el propósito de apoyar la de la oposición en el caso de que ésta presente en el Congreso una propuesta legislativa para convertir al CIS en un organismo autónomo que acabe con su exclusiva dependencia gubernamental.Y es que ha sido tan manifiesto el uso desmedido que el Gobierno y el partido socialista han hecho de los trabajos del CIS y tan reiterado el clamor de los grupos de la oposición contra esta práctica ventajista que el Grupo Parlamentario Socialista se halla moralmente obligado, al menos, a no obstaculizar cualquier medida razonable que se arbitre para solucionar un problema que ha enrarecido el clima político en los últimos años. Sin duda, el acceso de las fuerzas políticas y sociales a los fondos del CIS en igualdad de condiciones no debería ser tanto un problema legal como de ética política. Pero, visto ya que ésta más bien escasea, no queda otra salida que la de regular mediante el adecuado marco legal la participación equitativa en un caudal de información que se obtiene con fondos públicos.
En este sentido, y por encima incluso de la delicada cuestión de a quién debería competer en el futuro el nombramiento del director del CIS, si al Gobierno o al Parlamento, el esfuerzo legislativo debería centrarse en la elaboración de un estatuto jurídico que estableciese con precisión las reglas de funcionamiento de un organismo público cuyas tareas de auscultación de la opinión pública son tan útiles para la gobernación del país como para las legítimas expectativas de las fuerzas políticas en su lucha por la conquista del poder.
