Los sindicatos emplazan a Rodríguez Sahagún a cambiar su política de personal

La restructuración de departamentos y áreas municipales que se propone hoy al pleno del Ayuntamiento de Madrid ha terminado con el margen de cortesía concedido hasta ahora por los sindicatos al equipo Rodríguez Sahagún. CC OO, UGT, y CSIF denunciaron ayer que la restructuración, hecha sin contar con los sindicatos, costará 1.200 millones, no resolverá los problemas de las áreas y servirá sólo para modificar la cúpula administrativa, duplicar departamentos y centralizar funciones. "Si en febrero no cambia esta política, tendremos que ir a movilizaciones", aseguró ayer Julio Novillo, responsable de acción sindical de CC OO.Un mes después de aprobada la plantilla municipal del Ayuntamiento de Madrid para este año, el equipo de gobierno lleva hoy al pleno una restructuración de diversas áreas y departamentos que, según los sindicatos, afectará directamente a algunos centenares de funcionarios e indirectamente a casi toda la plantilla.

A pesar de la importancia de los cambios previstos, los sindicatos afirman no haber conocido su alcance y contenido hasta la semana pasada. Según los sindicatos que representan al 75% de la plantilla, la restructuración sólo resuelve problemas particulares y mantiene los problemas de las áreas. Hoy, durante el pleno, habrá una concentración de delegados sindicales en la Casa de la Villa.

Los representantes sindicales aseguraron que la política del equipo de gobierno persigue la centralización de servicios como la inspección de limpiezas, jardines, obras, contratas y oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) que siguen sin figurar en el organigrama de las juntas.

CCOO, UGT y CSIF criticaron duramente al equipo de centro-derecha por su actitud ante los sindicatos. "La Corporación pasa de las centrales sindícales", aseguró Luis Álvarez, secretario general de CCOO del Ayuntamiento. "Está en juego la capacidad de los sindicatos", dijo Francisco Blanc, de UGT. La CSIF ha solicitado, por su parte, la retirada del pleno de todos aquellos expedientes no consensuados con los sindicatos.

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