Juicios anacrónicos

DE AQUELLA ley, estos juicios. Una despenalización parcial del aborto alicorta y timorata, a años luz de la dimensión del problema social que la justificaba, se ha convertido, además, en una trampa mortal que puede llevar a la cárcel a muchos de sus hipotéticos beneficiarios y hacer perder su trabajo y su profesión a médicos y personal sanitario. Y que, en sus casi cinco años de vigencia, apenas ha servido para acabar con el drama humano que protagonizan miles de personas forzadas a vivir la experiencia traumática del aborto en un clima de inseguridad jurídica y a medio camino entre la persecución y la tolerancia caprichosa de estamentos que se arrogan abusivamente el derecho de decidir por encima de quien es su verdadero protagonista y víctima: la mujer gestante.De todo ello es buena prueba el anacronismo de los tres juicios que se celebran estos días en España (en Pamplona, Málaga y Palma de Mallorca) en los que mujeres que se acogieron en su día a supuestos despenalizados del aborto para interrumpir su embarazo, y los médicos que practicaron la operación, arriesgan la cárcel y la inhabilitación profesional. Más allá de sus particularidades, los tres casos se inscriben en unas mismas coordenadas: el desfase de una legislación incapaz de responder a la realidad social -más de la mitad de los abortos realizados en España siguen siendo clandestinos y todavía es una realidad el recurso de muchas españolas a clínicas privadas del extranjero-; la falta de respuesta del sistema sanitario, y muy especialmente de la sanidad pública, a la demanda de abortos legales. salvo los contados médicos que deciden asumir riesgos penales e incluso profesionales, y la proliferación de grupos de ciudadanos que han hecho del nasciturus la razón de su vida o una bandera política e ideológica, y que cuentan, además, con tiempo y dinero para jugar a justicieros.

Los daños y perjuicios que esta situación está ocasionando a muchos españoles y españolas son ya difícilmente evaluables. A corto plazo, la única salida social y jurídicamente válida es la del sobreseimiento de los procesos anteriores a la ley de despenalización parcial del aborto y la del indulto sin tapujos por parte del Gobierno en los supuestos en que se produzca condena judicial. Pero el problema de fondo sigue estando en la insuficiencia y ambigüedad del actual marco legal. En los últimos años, el Gobierno ha dejado entrever su disposición a una eventual ampliación de los supuestos legales de aborto, "si así lo demanda la sociedad". Pues bien, no hace falta recurrir a las encuestas del CIS -oráculo que parece guiar la política gubernamental en esta cuestión- para darse cuenta de que, al margen de porcentajes de opinión a favor o en contra, el problema del aborto tiene la suficiente envergadura humana y social como para que los poderes públicos no permanezcan ante él con los brazos cruzados. La anunciada elaboración de un nuevo Código Penal sería la ocasión -a salvo de otras iniciativas parlamentarias más urgentes- para encontrar una solución legal y sanitaria menos ambigua y más generosa que la actual.