El alcalde de Burgos rechaza ser culpable de estafa, amenazas y prevaricacion
El alcalde de Burgos, José María Peña, negó ayer ante el juez los cargos que le imputan el ministerio fiscal y la empresa Castellana de Publicidad, los cuales le acusan de los presuntos delitos de desobediencia a la justicia, estafa, amenazas y prevaricación. El juicio, que se inicio ayer, tiene su origen en una querella criminal de dicha empresa, que acusó a Peña de retirar sus vallas publicitarias saltandose la legalidad. El filscal solicita para el alcalde seis años de inhabilitación especial por desobediencia a la autoridad judicial.
La empresa querellante, que considera que ha sido objeto de una persecución por parte del Ayuntamiento, presentó la querella que ha desembocado en el juicio tras una serie de incidentes, que comenzaron en 1986 cuando el alcalde ordenó arrancar sus vallas, sin requerimiento previo o expropiación alguna. Tras numerosas sentencias favorables a la empresa, que el Ayuntamiento no ejecutó, la situación volvió a repetirse en 1987, en plena campaña electoral. El Ayuntamiento volvió a arrancar la mayoría de las vallas situadas en terrenos privados por Castellana de Publicidad y las sustituyó por otras de propaganda electoral de Solución Independiente, el grupo encabezado por el alcalde, de signo conservador.Las sucesivas sentencias dieron razón a la empresa condenando el procedimiento y obligando al Ayuntamiento a reponer las vallas e indemnizar a la empresa, sentencias que el Ayuntamiento no ejecutó.
El alcalde, que se negó ayer a hacer cornentarios, declaró durante casi tres horas y negó los cargos ante el juez. Según Peña, siempre obró siguiendlos criterios de sus servicios jurídicos y de tesorería.
Respecto al impago de la deuda de 60 millones de pesetas decretada por el juez en concepto de indemnización a la empresa querellante, Peña manifestó que estaba en el ánimo del Ayuntamiento hacerla efectiva en varias anualidades. El alcalde estimó que el pago de los 60 millones en una anualidad hubiera descompensado los presupuestos del Ayuntamiento, que en 1988 fueron de unos 8.800 millones.
En el juicio, que continuará hoy, prestaron declaración, además del alcalde, el interventor municipal, Elfidio Vilda, acusado de un supuesto delito de estafa, y el encargado de la empresa Castellana de Publicidad, José Arribas Ramírez, quien detalló los graves perjuicios que, a su juicio, el Ayuntamiento ha causado a la empresa y a los trabajadores.
El alcalde de Burgos está también procesado por el llamado escándalo de la construcción, originado por una denuncia de la Federación de Empresarios de la Construción, en la que lo acusaban de un presunto delito de prevaricación por haber favorecido supuestamente a una inmobiliaria, cuyo propietario está también procesado, en la concesión de una licencia de obras.
