Abierta una invesfigación por supuesta negligencia de la Diputación de Guipúzcoa en una operación especulativa

Diagraman, SA, una sociedad registrada en Madrid con un capital social de 500.000 pesetas, ha obtenido unos beneficios calculados en unos 1.000 millones de pesetas -según datos facilitados por el PNV, PSOE y EE- en una operación especulativa de compraventa de terrenos auspiciada aparentemente por la actuación irregular de la Diputación de Guipúzcoa. La participación en el caso del abogado Javier Eceiza Eceizabarrena, supuestamente vinculado a Eusko Al kartasuna (EA), partido que gobierna la Diputación de la provincia, ha desatado las suspicacias entre las fuerzas políticas vascas, pese a que la polémica ha discurrido hasta ahora por cauces más bien soterrados.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa, órgano parlamentario de control de la Diputación, han decidido crear,una comisión investigadora y exigir, llegado el momento, las oportunas responsabilidades. El grupo juntero del PNV plantea además que la venta de los terrenos llevada a cabo por la Diputación sea declarada "nula de pleno derecho".Los 32.000 metros cuadrados de uso industrial fueron cedidos por la Diputación de Guipúzcoa a Diagraman, SA, por la módica cantidad de 66 millones de pesetas. La primera oferta fue presentada cuando la empresa no estaba ni siquiera constituida, y la venta quedó formalizada un día antes de que esa sociedad se inscribiera en el Registro Mercantil.

Embargo de bienes

Los antecentes del caso se remontan al 1 de agosto de 1984, fecha en la que la Diputación de Guipúzcoa inició el embargo de los bienes de la empresa Cía. Maquinaria Química, SA (Comaq), de Andoáin, por el impago a la Hacienda foral de 99 millones de pesetas. Dos años más tarde, el 20 de mayo de 1986, los bienes de la empresa, tasados por la Hacienda foral en 253 millones de pesetas, fueron sacados a subasta en primera licitación con un tipo de 99 millones, la cifra de la deuda contraída por Comaq con la Diputación. La subasta se declaró desierta debido a las presiones ejercidas sobre los potenciales compradores por los antiguos trabajadores de Comaq, que trataban de recuperar la empresa.En junio de ese mismo año, la Diputación renunció a adjudicarse la finca de Comaq, pese a que el valor mínimo de esos terrenos superaba ya entonces los 650 millones de pesetas. La renuncia a esa opción se justificó con un informe del responsable de recaudación de la Hacienda foral en el que alega que la finca de Comaq estaba gravada con otras deudas, preferentemente a la Seguridad Social, que en conjunto sumaban 328 millones de pesetas. De acuerdo con el procedimiento de subasta pública, los terrenos debían haber sido expuestos a una segunda licitación por 66 millones, un precio inferior en un tercio a la cifra de la primera subasta, pero el 25 de noviembre de 1987, la Diputación adjudicó los bienes de Comaq a Diagraman, aplicando con carácter retroactivo un decreto foral que permite la adjudicación directa de los lotes sacados a subastas declaradas desiertas en primera licitación.

En contra de lo que exige ese mismo decreto, la Diputación no solicitó el preceptivo informe a la Mesa de Adjudicación de Subasta, órgano integrado por un juez, un secretario de juzgado y un recaudador de zona, ni trasladó el expediente a la abogacía. La operación de compra se desarrolló con una celeridad inusual. La oferta fue presentada el 12 de noviembre de 1987, y la venta se realizó el 25 de ese mismo mes, al día siguiente de que Diagraman, S.A, se constituyera como sociedad. Efectuada la compra por 66 millones, Diagraman, SA, compensó con 57 millones a los antiguos trabajadores de Comaq, que se sentían burlados por el inesperado desenlace. Con el propósito de ejecutar la deuda de 266 millones contraída con la Seguridad Social, la Magistratura de Trabajo anunció en enero de 1988 la subasta pública de los bienes de Comaq, ignorando que éstos habían sido vendidos por la Diputación. Curiosamente, la Magistratura de Trabajo tasó los bienes de Comaq en 500 millones de pesetas, el doble de lo estimado por la Hacienda foral.

Se calcula que, tras el pago de las cargas, la venta de los pabellones y parcelas ha reportado a Diagraman, SA, unos beneficios netos que los representantes del PNV, PSE-PSOE y Euskadiko Ezkerra sitúan en unos 1.000 millones de pesetas. En un momento en el que las Juntas Generales de Guipúzcoa destinan partidas de hasta 300 millones para hacerse precisamente con suelo industrial.

La empresa pantalla

Tres vecinos de Madrid, Federico Martínez Vega, Cristina Martínez Roldán y María Isabel Mínguez Blanco, constituyen la sociedad Diagraman, SA, una empresa que, según sus estatutos, tiene como objeto la promoción, construcción y compraventa de viviendas y solares y de todo lo relacionado con el sector inmobiliario. Con sólo 500.000 pesetas de capital social, esta sociedad hizo frente al pago de 66 millones por la compra de Comaq y repartió otros 57 millones a los antiguos trabajadores de esa empresa inmediatamente después de quedar constituida.El administrador y accionista mayoritario, con 400 de las 500 acciones en su haber, es Federico Martínez Vega, un economista que reside en el mismo domicilio de la madrileña calle de Velázquez que la accionista del mismo apellido. Sin embargo, Federico Martínez Vega reconoció ayer que la sociedad actualmente está compuesta por él y tres industriales vascos cuya identidad se negó a desvelar.

Pérdidas de terreno

Federico Martínez Vega, administrador único de Diagraman, manifestó ayer a este diario, según informa Emma Roig, que habían perdido 1.400 metros de terreno a instancias del Ayuntamiento de Andoáin.La empresa creada expresamente para la operación tiene su sede social en Madrid, en la calle de Zurbano. Su representante legal a lo largo del proceso de adjudicación de Comaq ha sido Javier Eceiza, el abogado que defiende los intereses de Eusko Alkartasuna en el contencioso que esa formación mantiene con el Partido Nacionalista Vasco por la disputa por los batzokis (sedes de partido).

En los últimos tiempos, las funciones de apoderado de Diagraman, SA, han sido desempeñadas por Julián Urbizu Bereau.

Luis Laporte, diputado de Hacienda y militante de Eusko Alkartasuna, asegura que no teme a la comisión investigadora "porque", subraya, "tengo la conciencia tranquila".

El diputado foral niega haber autorizado la venta con su firma y sostiene que el comportamiento de la Diputación fue el correcto, dado que la baja tasación de los bienes de Comaq colocaba a su departamento en la disyuntiva teórica de recuperar 66 millones o quedarse con una empresa cargada de deudas.