El fiscal del Estado investigará las actividades de Juan Guerra
Los negocios de Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, serán investigados por la fiscalía general del Estado, después de que el Partido Andalucista (PA) remitiera ayer un escrito al fiscal general, Javier Moscoso, en el que solicita su intervención por si de las actividades comerciales de Juan Guerra "pudiera observarse infracción penal". Izquierda Unida (IU), por su parte, está estudiando presentar una denuncia contra Juan Guerra ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un presunto delito de fraude fiscal.
Alfredo Flores, fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, declinó ayer pronunciarse sobre el caso "porque", dijo, "aún no han presentado nada en mi mesa", pero señaló que "la fiscalía general del Estado o en su caso, de remitirse, la de la Audiencia de Sevilla, investigarán el asunto", si se presenta la petición. Flores indicó que "lo que los medios de comunicación y algunos parlamentarios califican de tráfico de influencias no está tipificado como delito en el Código Penal, si bien jurídicamente a esta actividad [la de tráfico de influencias], en algunos casos, se la podría calificar como estafa, prevaricación, cohecho, falsedad en documento público, que sí son delitos tipificados".
El fiscal de la Audiencia de Sevilla afirmó que en este caso no se ha abierto ninguna investigación de oficio, "porque no es misión de los fiscales investigar todo lo que se publica". Flores se refirió a que la acusación realizada por los medios de comunicación sobre Juan Guerra ha sido la de tráfico de influencias, sin que se le haya atribuido, hasta ahora, ningún delito.
En el escrito remitido al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, el Partido Andalucista relaciona cuatro actividades que, en su opinión, podrían derivar en responsabilidades penales. Según el PA, que basa su escrito en las denuncias recogidas en los últimos días por los medios de comunicación, Juan Guerra "poseía información suficiente" para el desbloqueo administrativo del proyecto del complejo turístico Puerto de la Plata, en Barbate (Cádiz).
Asimismo, los andalucistas solicitan que el fiscal investigue la adquisición de una finca en el término municipal de Guillena (Sevilla), propiedad de Ensidesa, a mitad de precio de su tasación oficial y las irregularidades de la empresa Samart, dedicada a la fabricación y distribución de matrículas de automóviles.
Por último, el PA afirma en su escrito que Juan Guerra en la declaración de la renta de 1987 declaró una base imponible de 1.400.145 pesetas, "cantidad que de ninguna forma correspondería al volumen de negocios que ya, por esa fecha, gestionaba". Los andalucistas basan esta solicitud de investigación en que "no existen noticias de que por parte de los servicios correspondientes a la Delegación de Hacienda se hayan iniciado las investigaciones que conduzcan a la regularidad de la anómala situación fiscal por la que atraviesa don Juan Guerra González".
En este sentido, IU está estudiando la presentación de una denuncia, ante el fiscal del Tribunal Superior de Andalucía, por un presunto delito de fraude fiscal. El presidente andaluz de IU, Luis Carlos Rejón, dijo ayer que su grupo tiene "la presunción de que Juan Guerra no ha hecho las declaraciones a Hacienda correspondientes a sus ingresos anómalos".
