Las eléctricas culpan a Industria por una pérdida de ingresos de 70.000 millones

Las empresas eléctricas han evaluado en unos 70.000 millones de pesetas los ingresos que han dejado de percibir como consecuencia de la política seguida por el Ministerio de Industria a la hora de determinar las llamadas desviaciones de la tarifa correspondientes a los años 1988 y 1989. Para las compañías, algunos de los elementos que se toman como referencia para el cálculo automático del precio de la electricidad "parten de estimaciones excesivamente optimistas", lo que provoca errores entre la tarifa aprobada por el Gobierno y la que en realidad debería haberse aplicado.A juicio de las empresas, los errores, "no se reconocen y se subsanan en el ejercicío siguiente".La primera discrepancia entre las empresas y la Dirección General de la Energía se ha planteado en torno a la corrección de las desviaciones correspondiente al ejercicio 1988. Así, frente a los 2.361 millones de pesetas reconocidos por los responsables de la Administración energética, las compañías agrupadas en la patronal UNESA elevan esa cifra hasta 15.798 millones.

Cuestión de cálculo

De acuerdo con los cálculos de las eléctricas, el incremento de la tarifa aprobado en 1988 se situó 2,5 puntos por debajo del que se obtiene de aplicar a posteriori los resultados definitivos de los diferentes elementos que se emplean para la determinación de los precios de la energía. En tanto, el departamento que dirige Victor Pérez Pita sostiene que no procede revisar la tarifa de 1988 porque la desviación registrada ese año fue inferior al 0,5%. En definitiva, que las compañías van a tener que renunciar a los 15.798 millones de pesetas que consideran que les corresponderían.A esa cantidad las eléctricas suman otros 80.000 millones, cifra en que estiman las desviaciones corre spondíentes al año 1989. Sin embargo, y frente a esa pretensión, el expediente de tarifas presentado por el Ministerio de Industria a la Junta Superior de Precios sitúa el importe de las citadas desviaciones en 25.119 millones de pesetas (un 1,86%), con lo que reduce en unos 55.000 millones la cantidad reclamada por las compañías. Si se analizan globalmente los datos de 1988 y 1989 la conclusión a la que se llega es que la discrepancia entre las eléctricas y el Ministerio de Industria se cuantifican en unos 70.000 millones de pesetas (los citados 15.798 millones de 1988, más los 55.000 de 1989).

La Administración, según los responsables de algunas compañías, no ha tomado en cuenta ni el incremento real de los costes financieros que han tenido que soportar las empresas a lo largo del pasado ejercicio, como consecuencia de unos cada vez mayores tipos de interés, ni el error que, a su juicio, existe en la consideración del llamado año hidráulico medio, cuya revisión sigue exigiendo UNESA.