El fiscal considera prescrito el intento de secuestro del 'etarra' Larretxea

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, considera que el intento de secuestro del etarra José María Larretxea, ocurrido en 1983 en el sur de Francia y que fue organizado por el comisario en excedencia Francisco Álvarez, entonces director del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, ha prescrito, por lo que no es procedente ejercitar ninguna acción penal. Sin embargo, un tribunal de la Audiencia ha reclamado el caso y ahora deberá pronunciarse al respecto.La tentativa de secuestro fue realizada por tres miembros de los GEO y el inspector Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, que fueron detenidos por la policía francesa, y ordenada por el ex comisario Álvarez, quien así lo reconoció al juez Baltasar Garzón en enero de 1989. Álvarez explicó al magistrado que con la acción pretendían obtener datos que condujeran a la liberación del capitán Alberto Martín Barrios, secuestrado por ETA.

El fiscal Ignacio Gordillo, que se ocupaba del caso antes de ser sustituido por Escusol, había pedido al juez que declararan los policías implicados antes de interponer la denuncia o querella necesaria para iniciar la acción penal. Escusol, sin embargo, tras un año de espera, ha considerado que el delito ha prescrito, al haber transcurrido más de cinco años desde su comisión.

El juez encargado del proceso, Carlos Bueren, se dirigió al tribunal correspondiente de la Audiencia, para preguntar si archivaba el asunto o por el contrario continuaba la investigación. El tribunal ha reclamado la causa y ha nombrado ponente al magistrado José Antonio Marañón.

En medios jurídicos existen divergencias sobre si es correcta la aplicación de la prescripción.

Por otro lado, Agustín Linares, subdirector general de Policía, y Rafael del Río, ex director general de Policía, alabaron ayer ante un tribunal de la Audiencia de Barcelona la actuación profesional del inspector de policía Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, juzgado por el homicidio del delincuente José Fernando Gómez Martín, ocurrido en Barcelona en febrero de 1984. La fiscal solicitó una pena de siete años para el agente, informa Blanca Cia.