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Tribuna:

El Gobierno de la adversidad

Una central nuclear en posición de peligro, y si además coincide con una campaña electoral, es de las cosas que permiten dar la razón al científico de la política Yehezkel Dror cuando afirma que toda gestión pública es, de hecho, gestión de adversidad. Lo de Vandellós era de una adversidad potencial total, pero debemos reconocer que, por ejemplo, y ya en plan más cotidiano, este país acostumbra a pasar de la emergencia de la sequía a la emergencia de la inundación en cuestión de horas, mientras el terrorismo que no cesa va provocando urgencias periódicas y las operaciones entrada-salida de las grandes ciudades rozan los ejercicios prebélicos. Lo de gobernar se está convirtiendo en algo apasionadamente complicado. Y va creciendo el interés en los países con más capacidad de anticipación sobre la llamada gestión del riesgo, o gestión de las situaciones de crisis.Decía Carl Schmitt que soberano es aquel que puede decidir sobre el Estado de excepción, y precisamente desde nuestra regulación constitucional se ha pretendido dar estatuto, de normalidad democrática y legal a aquellas situaciones que no pueden preverse de antemano, situaciones en las que, como diría el jurista, predomina lo fáctico sobre lo normativo. Lo que nuestra Constitución, como otras, hace es intentar establecer los cauces por los cuales el texto, constitucional sirva también en una situación de emergencia y para que se pueda volver a la situación de normalidad o de legalidad ordinaria cuanto antes.

Lo que no resuelve nuestra Carta Fundamental ni ninguna otra es cómo responder desde ya y con eficacia a las situaciones de emergencia, de adversidad total, como catástrofes naturales, frente a las que nada parece poder hacer nuestro elevado grado de desarrollo, o aquellas otra situaciones, cada día más frecuentes, provocadas precisamente por un desarrollo o una tecnología que sólo ahora nos percatamos resulta de alto riesgo para nuestra propia supervivencia. Nadie pone en duda lo positivo que es contar con previsiones constitucionales que nos indiquen quién puede decretar qué tipo de estado de emergencia, por cuánto tiempo y frente a quién o a quiénes ha de rendir cuentas, pero ello resulta poco útil en el momento en que un ingeniero de servicio debe decidir si llama o no y a quién, un escuadrón de bomberos no cuenta con el material adecuado o la población no ha sido apenas preparada o advertida sobre qué hacer cuando eso pase.

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, parece que el aumento de potencia derivado de nuestro desarrollo económico y tecnológico no haya conseguido un aumento en paralelo de la capacidad del poder para regular y ordenar ese desarrollo. El resultado es una sensación general de pérdida de control en nuestras cada vez más complicadas sociedades.

Frente a ello existe una tendencia natural de los gobernantes a autoexigirse una mayor y mejor preparación de lo imprevisible, y una exigencia crispada de los afectados o posibles afectados tras una catástrofe o un aviso de catástrofe a los poderes públicos para que hagan algo realmente efectivo y no continúen jugando con las vidas de todos. De ahí surgen nuevos planes de emergencia, nuevas instancias de coordinación y reuniones y más reuniones para saber lo que cada uno ha de. hacer, más recursos para mejorar el material necesario, etcétera. Pero ese planteamiento tiene un defecto de base. En una sociedad como la actual, la capacidad de gobierno y la cuota de poder de las instituciones representativas son notablemente limitadas, a pesar de que aumente el porcentaje del gasto público o el número de funcionarios, o precisamente por ello.

Sólo es posible abordar los retos que supone lo que hemos denominado como Gobierno de la adversidad desde la modestia que imponen las limitaciones de cualquier poder constituido. Únicamente desde la consciencia de que lo imprevisible siempre superará cualquier planteamiento previsor se podrá aceptar que es imprescindible contar con la gente para que desde su mejor y más competente posición ayude y coopere en resolver lo que desde arriba sólo se ve como un inmenso atolladero.

Esa capacidad de contar con la gente, de contar con los entramados sociales y asociativos ya existentes, forma parte esencial de un recomendable sistema de valores en el que no todo dependa, para bien o para mal, de la actuación de los poderes públicos. Pero es que, además, ello resulta a menudo decisivo para manejar realidades y situaciones sociales muy delicadas o comprometidas. El contar con la gente, con sus formas naturales de agregación y actuación, permite conectar con los elementos más estrictamente locales o micro, de difícil percepción desde arriba. Permite comprometer de manera más clara y eficaz a la gente en la solución de los problemas colectivos, y asegura, por otra parte, un necesario contrapeso a los excesos de centralización y burocratización.

Deberemos sin duda mejorar los elementos materiales que pueden facilitar una adecuada prevención y gestión de los riesgos que tenemos planteados y de otros que pueden ir surgiendo en esa peligrosa carrera de autodestrucción de nuestras bases medioambientales. Será conveniente también trabajar, como ya se está haciendo, en mejorar los planes de emergencia y de protección civil. Pero resulta del todo imprescindible saber promover y potenciar la autoorganización social, el compromiso del entramado social ya existente, en unas situaciones y ante unas tareas en las que no hay plan que resista la dura prueba de la adversidad desatada.

Joan Subirats es profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de diciembre de 1989