Lerma destituye al 'conseller' de Urbanismo de la Generalitat valenciana

Una denuncia por presuntos sobornos a funcionarios de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat valenciana ha desatado una crisis en el Gobierno autónomo, que preside el socialista Joan Lerma, quien destituyó ayer al titular del citado departamento, Rafael Blasco. La denuncia, presentada a principios de diciembre por la directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, ante Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, señala que funcionarios públicos han aceptado dinero a cambio de la recalificación de terrenos.

El presidente Lerma, que convocó una conferencia de prensa a primeras horas de la noche de ayer para anunciar la destitución de Blasco, justificó su decisión como una "medida de prudencia" e insistió en que pensaba que el conseller no está implicado en ningún asunto irregular. "Me parece una norma básica que las instituciones tengan la absoluta confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos", dijo Lerma, quien añadió: "El hecho de que yo crea en la inocencia de Blasco no implica que los ciudadanos también lo hagan". Al ser preguntado por este periódico si no sería normal también que fuera destituida la responsable directa del área en la que supuestamente se han producido irregularidades, Lerma dijo que eso no es competencia suya.En su comparecencia ante los periodistas, el presidente de la Generalitat negó que existiera un acoso de la llamada fontanería del partido sobre Blasco y dijo que había optado por destituirle en lugar de prestarle apoyo en tanto que se aclarara todo el asunto porque "no se trata de sembrar dudas, sino de llegar a las últimas consecuencias, y vamos a poner los medios para que sea así; desde el punto de vista de la credibilidad de las instituciones es mejor esta decisión".

Rafael Blasco, al que no le fue comunicada la denuncia hasta hace unos días, había señalado por la mañana, también en conferencia de prensa, que no pensaba presentar su dimisión a pesar de que el presidente Lerma así se lo había insinuado. Blasco explicó que dimitir equivaldría a admitir alguna implicación en los hechos.

La denuncia por presuntos sobornos presentada por la directora general de Urbanismo contra funcionarios de su departamento por una recalificación de terrenos ha provocado la crisis en el Gobierno valenciano y le ha costado el cargo al responsable de Urbanismo, Rafael Blasco.

Éste expresó ayer su deseo de que se aclare la situación, se depuren las responsabilidades que existan. "Ahora todo son especulaciones y hay que tener un cuidado especial en tratar hechos que no se han demostrado", destacó Blasco antes de conocer su destitución, y añadió que en ningún momento Blanquer le comentó que iba a presentar una denuncia ante el fiscal por sobornos en la Consejería.

Nada probado

Blasco dejó bien claro que el equipo que dirige merece su absoluta confianza y debe ser la Justicia la que señale si se han producido irrregularidades en la institución. "No hay nada probado y, me parece una imprudencia cómo se han desarrollado los acontecimientos. Alguien tendrá que responder en este sentido".Blasco había afirmado que no pensaba presentar su dimisión y que, de hacerlo sería cuando acabase la investigación que lleva a acabo el fiscal. "Son afirmaciones gratuitas, una campaña de intoxicación que comenzó en el primer semestre del año, cuando en informaciones hechas desde Presidencia se decía que había crisis de Gobierno y yo era uno de los que tenía que caer", afirmó.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Beltrán, manifestó ayer a este diario que hace 20 días que se investiga la denuncia presentada por Blanquer, que a su vez había recibido esas denuncias por parte de varios constructores valencianos. Según Beltrán, la denuncia indica que en distintos departamentos de la Consejería de Urbanismo se cobra dinero por obtener decisiones favorables sobre terrenos de forma rápida.

Beltrán destacó que no tiene pruebas fehacientes sobre esos sobornos y que la denuncia se encuentra en una fase de investigación. "A mediados del próximo mes decidiré si presento querella o no, porque todo puede ser una falsa alarma", declaró el fiscal. "Aunque yo tengo la seguridad de que se han producido sobornos, no sé hasta dónde llegan". Beltrán añadió que las irregularidades se habían producido en Alicante, Castellón y Valencia.