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Tribuna:

Autonomía sindical democracia industrial

El sindicalismo que aplica como norma un enfrentamiento directo o larvado no es viable en la mayor parte de los sectores competitivos, ajuicio del autor, y de practicarse produce al final el debilitamiento o marginación del sindicato. En Francia y en España, donde los sindicatos actúan como partidos bis, las huelgas en los servicios públicos conllevan el aliciente de jugarse en el terreno político. El oponente de los sindicatos es el Gobierno y la patronal pasa a un segundo término, aunque esta lógica comienza a estar en entredicho en muchos países. La idea de algunos líderes sindicales de que los políticos siempre engañan puede producir satisfacciones emocionales pero no conduce a ningún sitio.

Toda organización, en la medida en que es soberana para autodefinirse, es autónoma. En tal sentido, PSOE y UGT han sido siempre autónomas. Autonomía limitada, sin embargo, por la propia decisión de ambos de situarse en un territorio estratégico común, sumando los esfuerzos de ambas para lograr los mismos objetivos.Hablo, por tanto, de sindicalismo autonomista para dibujar una realidad en la cual el sindicato o no establece objetivos políticos o, de establecerlos, los fija él y no un partido político afín. Algunos describen este marco como pansindicalismo.

Actualmente existen en el seno de UGT fuertes tendencias que, dadas las grandes dificultades de entendimiento con el PSOE, preconizan la autonomía del sindicato para fijar sus objetivos políticos. Como resulta evidente, el modelo organizativo que más conviene a tales propósitos es el representativo, que permite captar una representatividad social superior a la que proporciona la mera estructura afiliacional. Lo curioso es que en semejantes tesis convergen quienes, inspirados en raíces anarquistas y cristianas (CFDT-USO), siempre concibieron así el sindicalismo y algunos largocaballeristas decepcionados que, obedeciendo a otra filosofía, consideran, sin embargo, imposible llevarla al partido y reaccionan sumándose al modelo alternativo. Voces aisladas claman por la solución laborista. Dos factores dificultan que se intente dicha solución: por una parte, el equilibrio en el número de afiliados entre UGT y PSOE, que es de dos a uno (UGT, dos; PSOE, uno) y no de 10 a uno, como en tiempos de Largo Caballero, amén de la solidez institucional del PSOE, y, por otra parte, el temor de la dirección de UGT a perder una batalla difícil que ineludiblemente supondría también llevar la discusión al seno de UGT.

El factor condicionante que supone CC OO no es el menor. En un modelo representativo, en el que el poder sindical depende de la representación conseguida, obtener voto es una necesidad. La imagen del sindicato que se transmite y mediatiza a través de los medios de comunicación es fundamental. Asumir responsabilidades en este esquema implica una voluntad muy decidida y correr ciertos riesgos. La pugna sindical por el voto se convierte con toda facilidad en una pugna de demagogias donde habitualmente CC OO abre la sesión y casi siempre también la cierra.

Muchos militantes de UGT conocen en propia carne lo dificil que resulta oponerse a tal dinámica.

Así pues, este cúmulo de circunstancias en las relaciones de UGT con el PSOE, a las que se añade el condicionante externo de CC OO, hace que en nuestro país se esté asentando un modelo de relaciones laborales caracterizado por ser:

1. Representativo. y no organizativo en cuanto a estructura.

2. Autonomista y pansindical en lo político.

3. De confrontación y de no concertación en cuanto a la negociación.

La pregunta última viene dada: ¿el modelo de sindicalismo representativo, autonomista y de confrontación permite avances en las condiciones de vida de los trabajadores y en la fuerza del propio movimiento sindical?

Desde mi punto de vista, no.

Modelo inoperante

Un modelo de estas características resulta absolutamente inoperante en el sector privado y competitivo de la economía, y aun cuando despliegue sus virtualidades en el sector público, sobre el que primordialmente descansa, engendra contradicciones corporativas en el interior de las administraciones públicas y estados de opinión sobre los servicios públicos que le lastran definitivamente.

En el sector competitivo de la economía, y habida cuenta de la internacionalización de los mercados, la originaria y siempre presente lucha de clases se convierte a menudo hoy día en concurrencia de intereses. No es ya que muchos trabajadores necesiten sentirse identificados e incluso orgullosos del trabajo que realizan, sino que además la dirección de la empresa no coincide con la propiedad. Los directivos son unos asalariados de lujo que planifican la producción, cuyos intereses pueden estar más cerca de los trabajadores que de los accionistas: la denominada tecnoestructura. En tal situación, que Galbraith denomina de concurrencia de intereses, el natural antagonismo trabajadores-patrón queda enmarcado por la necesidad de defender de común acuerdo la supervivencia y buena marcha de la empresa en los agitados mares de una competencia cada día más internacionalizada. En este sector, hacer buen sindicalismo es asumir mucha corresponsabilidad y provocar muy poca conflictividad. De ahí que los pocos países en los que sigue existiendo una conflictividad alta ésta tiene lugar casi exclusivamente en los servicios públicos u otros sectores no competitivos de la economía.

Servicios públicos

El sindicalismo que aplica como norma un enfrentamiento directo o larvado no es viable en la mayor parte de los sectores competitivos, y, de practicarse, acaba en el debilitamiento y la marginación del sindicato. Evidentemente siempre existirán conflictos puntuales, que incluso pueden ser virulentos, derivados de la latente lucha de clases y de intereses, pero tal espíritu no puede ser el habitual en unas relaciones laborales modernas.

La conflictividad se produce mucho más en los sectores no competitivos, que pueden soportar todo y que a menudo son servicios públicos. En Francia y España, con sindicatos que. actúan como partidos bis, la huelga en servicios públicos conlleva demás el aliciente de jugarse en terreno político. El oponente de los sindicatos pasa a ser el Gobierno, mientras la patronal queda olvidada en un recóndito lugar a salvo de los avatares. Esta lógica comienza, no obstante, a estar en entredicho en muchos países. Por una parte, los propios sindicatos comprueban cómo movimientos espontáneos, corporativizados y sin carga de responsabilidad le quitan la acción sindical de las manos (Italia, Francia, España). Por otra, en países más maduros los sectores que financian con sus impuestos el sector público discuten en el seno del propio sindicato sobre el sentido de la acción sindical de aquellas ramas que viven de los impuestos (Suecia).

No parece, pues, que en el actual estado de las relaciones industriales un sindicalismo basado en el enfrentamiento y la no corresponsabilidad (hay sindicatos que casi nunca firman compromisos) pueda efectuar progresos sustanciales a la hora de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y en la llamada democracia industrial. La democracia industrial, cuya esencia es un alto grado de participación tanto en la gestión de las empresas como en las instituciones públicas relacionadas con el mundo del trabajo, exige como condición sine qua non un espíritu de colaboración y de propensión al pacto y a la asunción de responsabilidades. Justo lo contrario de esa idea según la cual lo propio del sindicalista es armar la bronca. Además, la democracia industrial exige también que el poder sindical vaya acompañado de un poder político solidario, que sobre la base del pacto vaya ¡mplementado el esfuerzo sindical. Con ello no se niega la evidente contraposición de intereses; simplemente se resuelve.

Tampoco el autonomismo político se revela especialmente eficiente. La idea de algunos líderes sindicales de que "los políticos engañan siempre a los obreros" puede producir alguna satisfacción emocional, pero no conduce a ningún sitio. El movimiento sindical y, con él, las condiciones de vida de los trabajadores han progresado allí donde la acción sindical ha tenido la implementación de poderes políticos próximos con los que se coordinaba. Lo contrario también es cierto y casi puede establecerse una ecuación entre autonomismo y debilidad sindical.

Movimientos sindicales

Movimientos sindicales modélicos como el sueco pasaron décadas negociando con la patronal, sin interferir en la esfera legislativa y política, limitándose a pactar con el partido socialdemócrata las transformaciones que éste podía efectuar. Creciendo, como los buenos árboles, hacia abajo y hacia dentro antes de sacar ramas y frutos. ¿Qué puede ofrecer frente a eso el sindicalismo de la CFDT francesa con su herencia anarcosindicalista y cristiana a cuestas?

Por último, es obvio que un modelo sindical que descansa en el voto y no en la afiliación es un modelo absolutamente débil por definición. No han sido sindicalistas preclaros los que han inventado la fórmula, sino más bien quienes no querían la existencia de organizaciones sindicales. Acabo, pues, diciendo que el sindicalismo español y en concreto UGT, única organización que podría cambiar la situación, no están, a mi entender, en una estrategia acertada. Hay militantes ugetistas que comparten en gran parte los análisis aquí efectuados y que incluso explicitan el modelo sindical que desearían: el socialdemócrata. Ese modelo no es articulable, por razones elementales, de la mano de CC OO y contra el Gobierno del PSOE, que es la situación actual. Desde el PSOE ayudaría una reflexión paralela.

Justo Zambrana Pineda es militante de UGT y del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de diciembre de 1989

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