Las exigencias del CSN hacen Viable para las eléctricas la reapertura de Vandellos

Las empresas propietarias de la central nuclear Vandellós 1, integradas en el grupo Hifrensa, prevén que la planta recupere su actividad en un plazo de 18 a 24 meses, una vez aplicadas las reformas exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según afirmaron fuentes del sector eléetrico. Industria comunicó ayer la suspensión del permiso de funcionamiento de la central hasta que se apliquen tales reformas, y decidió abrir un expediente sancionador. Hifrensa había aprobado, antes del accidente, un plan de 4.000 millones de pesetas destinado a modernizar la central. El CSN, sin embargo, tal vez endurezca sus conclusiones en su informe definitivo, dentro de un mes.

La mayor parte de las exigencias contenidas en el informe preliminar del CSN dado a conocer oficialmente ayer estaban ya incluidas en un Plan de Revaluación de la Seguridad que Hifrensa -Fecsa, Hidruña, Enher, Hidroeléctrica del Segre y Electricité de France- tenía previsto aplicar en un plazo de dos años, presupuestado en unos 4.000 millones de pesetas. Este programa incluye las tres reformas pendientes del total de cinco que el CSN exigió a Vandellós 1 en 1986. Estas reformas se plantearon a raíz de las modificaciones que la central hermana de la planta de Tarragona, Saint-Laurent (Francia), aplicó tras el desastre de Chernóbil (URSS). Las modificaciones se refieren a la mejora de las medidas contra incendios, la adaptación del cambiador de parada como sistema de refrigeración y el perfeccionamiento de la cadena de seguridad de gradiente.Fuentes del sector eléctrico han explicado que la aplicación de estas modificaciones no suponen ningún esfuerzo económico dado que: ya estaban presupuestadas. Precisamente, si hasta el momento no se. han ejecutado ha sido por el lento proceso burocrático que siguen los informes técnicos en el seno del CSN, según han reconocido fuentes de este organismo. Los estudios para iniciar los trabajos de reforma fueron enviados por Hifrensa al CSN a principios de 1988.

El coste de las reparaciones afectadas por el incendio del 19 de octubre pasado tampoco supone ninguna dificultad insuperable para el grupo de empresas eléctricas debido a que tiene suscrita una póliza de 55.000 millones de pesetas. Por el momento no ha sido establecida aún una evaluación exacta de los daños, aunque fuentes próximas a los peritos han explicado que instalaciones como el turbogrupo accidentado se encuentran en mejor estado de lo que se creyó en un principio. Una hipótesis optimista sobre la reparación de este equipo apunta a que el coste de las piezas a sustituir rondaría los 1.500 millones de pesetas.

Fuentes relacionadas con Hifrensa han comentado que la propia rentabilidad de Vandellós 1 hace incuestionable que cualquier reparación sea amortizable en un plazo relativamente breve. En el caso de que la central permaneciera dos años sin funcionar, dejaría de producir electricidad por valor de 6.000 millones de pesetas. Sin embargo, la estructura de la red eléctrica permite que la energía sea producida en centrales de otro tipo de combustible, como por ejemplo el carbón. Aunque esta fuente de energía tiene un coste de producción más elevado -4,10 pesetas / kilowatiohora frente a 2,10 pesetas para la energía nuclear-, las compañías esperan que el Gobierno autorice un incremento de las tarifas para compensar la diferencia.

Si Vandellós volviera a funcionar en 1992, explican las mismas fuentes, en menos de un año se recuperarían los costes de las inversiones realizadas y al llegar al final del período de explotación, en el 2003, podría solicitarse una ampliación, del permiso por 10 años más, tal y como ha ocurrido en dos centrales del Reino Unido, de 30 años de antigüedad y de tecnología idéntica.

Todos estos cálculos están supeditados, sin embargo, a un posible endurecimiento de las condiciones que el CSN plantee en su informe definitivo. Medios del citado organismo han explicado que en la redacción final del informe podrían incluirse las siguientes exigencias: "Construir un edificio de control para casos de emergencia desde el que se pueda practicar una parada del reactor, sustituir el ordenador de proceso de la planta -valorado en 3.000 millones de pesetas- y realizar una exhaustiva reforma encaminada a hacer más independientes y redundantes los sistemas de seguridad". La inclusión de estos apartados depende, sin embargo, del debate interno que se produzca en el CSN, y en cualquier caso ello se daría si triunfaran las actitudes más duras con relación a castigar a las eléctricas. En ningún caso los técnicos del Consejo se plantean por ahora el solicitar al Ministerio de Industria el cierre de la planta, aunque las mismas fuentes aseguraron que las reformas podrían ser "costosas y disuasorias".