El refinamento niega la máxima presencia a las entidades locales
El reglamento que regula la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la nueva caja no concede a las corporaciones locales la máxima representación prevista por la ley de cajas de la Generalitat.
Sobre un total de 160 consejeros generales que forman la asamblea, 58 corresponden los impositores (36,3%), 50 entidades fundadoras y de interés social (31,3%), 34 a entidades locales (21,3%) y 18 a la representación de los empleados (11,3%).
En la Caja Bilbao-Vizcaya, diputaciones forales, ayuntamientos y corporaciones municipales poseen 102 consejeros (51%), aunque los empleados sólo disponen de 10 consejeros (5%).
El reparto de consejeros generales en la asamblea de la supercaixa en representación de las distintas corporaciones es el siguiente: 15 habrán de ser designados por los consejos comarcales (por sorteo); tres del Ayuntamiento de Barcelona y uno en representación de los de Lérida, Tarragona, Palma de Mallorca y la Diputación de Lérida, respectivamente; 11 de las corporaciones locales, escogidas por sorteo, de los que cinco corresponderán a Barcelona, tres a Baleares, y uno cada uno en representación de Tarragona, Gerona y Lérida.
Aunque la ley catalana no permite alterar decisivamente el reparto de representantes entre impositores, entidades fundadoras y de interés social, corporaciones locales y empleados, la cúpula de la fusión ha renunciado a otorgar a estos dos últimos estamentos la máxima representación posible, que los empleados probablemente sí obtendrán a cambio de apoyar el proceso de fusión.
