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Chapuzas a domicilio

El 'baile' de un escaño en Murcia revela graves defectos y carencias de la Administración electoral

Miguel Ángel Villena

"Mire usted, el recuento electoral de Murcia ha sido el más riguroso y exhaustivo que se ha realizado en la historia constitucional de España desde las Cortes de Cádiz". Con esta afirmación rotunda, el magistrado José Antonio de Pascual, presidente de la Junta Electoral de Murcia, trata de explicar el diluvio de irregularidades que ha caído sobre los comicios del 29 de octubre en esta región. La disputa por la mayoría absoluta del PSOE y el meticuloso peinado de las.1.087 mesas de Murcia ha puesto de relieve centenares de pequeñas chapuzas de la Administración electoral en España.

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Unas chapuzas que van, según las reclamaciones presentadas por Izquierda Unida por presuntos delitos electorales ante la Audiencia de Murcia, desde el voto de más de un centenar de menores de edad y de dos extranjeros a presuntos dobles votos de interventores socialistas, pasando por incontables fallos aritméticos, administrativos y de censo. "Si alguien vive en una gran ciudad y cuenta con unos apellidos muy frecuentes, puede votar decenas de veces sin que quizá pueda ser advertida esta irregularidad. Resulta insólito que el número del documento de identidad no aparezca registrado en las listas del censo".

Quien así argumenta es Pedro Antonio Ríos, el disputado diputado de IU por Murcia. Para la persona que se ha convertido en el parlamentario más famoso de España, "es una barbaridad que en España no se dediquen más medios materiales y humanos a la Administración electoral, más asesoramiento jurídico. Por otro lado, los censos no coinciden, y te encuentras con tres listas distintas a la hora de encarar unas elecciones: el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el de los ayuntamientos y el que recibimos los partidos políticos".

Tras anunciar que IU pedirá una reforma de la ley y del sistema electoral como una de sus primeras iniciativas parlamentarias, Ríos apunta: "Menores de edad han podido votar por estar incluidos en el censo, mientras ha votado otra gente sin estar inscrita en las listas".

José Antonio de Pascual y Francisco Sánchez Salmerón, presidente y secretario, respectivamente, de la Junta Electoral de Murcia, coinciden en la necesidad de reforzar la Administración electoral. Ambos están abrumados tras dos semanas de trabajo extenuante y de haber decidido, en una discutible y discutida decisión, no computar 27 mesas y otorgar el polémico escaño a IU en detrimento del PSOE. "Las elecciones", comentan, "tienen la suficiente importancia como para que exista una Administración especializada en estos asuntos".

Pero Francisco Virseda, asesor jurídico de la ejecutiva federal del PSOE y autor del recurso que está pendiente de sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, discrepa abiertamente de estas apreciaciones. El responsable socialista todavía va más allá y desafía: "Si se hubieran aplicado en el resto del país los mismos criterios de recuento que en Murcia, el 25% de las mesas electorales de España incluiría irregularidades. Imaginemos lo que podría ser Galicia, con una gran dispersión de población, si se realizara un recuento minucioso".

Doble voto de interventores

No obstante, Virseda no Parece estar preocupado por este panorama, y agrega: "La voluntad popular no se tuerce por un voto de más o de menos. Además, todos los procesos electorales del mundo están llenos de pequeñas irregularidades. Lo que parece intolerable es que la Junta Electoral de Murcia haya dejado de computar 27 mesas y haya privado de su derecho al voto a cerca de 13.000 ciudadanos. Nuestro recurso solicita que se computen esas mesas, y ello nos devolvería el escaño que injustamente nos han arrebatado".

Virseda y los responsables del PSOE murciano niegan los presuntos delitos electorales de ocho de sus interventores, acusados por Izquierda Unida de haber votado doble. Algunos de los interventores han anunciado acciones penales contra la coalición de izquierda. Varios de los interventores, consultados por este diario, negaron rotundamente haber cometido delito electoral.

Antonio Franco González, de 41 años, apicultor y no militante del PSOE, pone el dedo en la llaga cuando afirma: "Yo voté en Santoángel, una pedanía de Murcia, y cuando acudí al INE para preguntar sobre la acusación que me lanzaron, me comentaron que en la capital hay tres personas más con el mismo nombre que yo. Entonces vi las cosas claras". La ausencia del DNI en las listas del censo figura como una de las claves para explicar el caos electoral en el que se ha convertido Murcia durante las dos semanas del recuento.

No obstante, un interventor del CDS que prefirió no revelar su identidad, aseguró a este periódico que el doble voto había sido una práctica frecuente entre los representantes socialistas. Los dirigentes del PSOE rechazan frontalmente que existieran consignas del partido para fomentar el doble voto. "Siempre puede", señala Virseda, "aparecer algún espabilado o chorizo, pero esto ha ocurrido y ocurrirá, en todos los partidos. Nosotros también tenemos constancia de que interventores de Izquierda Unida han votado doble, pero no hemos querido añadir leña al fuego".

La escasa cultura democrática de España y la ausencia de pequeñas sesiones de preparación de presidentes de mesas, vocales e interventores aparece como otra de las razones aducidas por magistrados y representantes de los partidos para justicar la existencia de irregularidades.

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