Tomarse libertades

La precampaña electoral y en cierta forma la campaña misma de estos comicios tienen como principal novedad la inclusión de ofertas de los partidos sobre dos temas hasta hace poco tabú: la supresión de la mili obligatoria y la despenalización de las drogas. Es evidente que las dos demandas se han ganado su puesto al sol político empujando desde abajo, es decir, que provienen de la exigencia pública y no de la genialidad de ningún líder. Lo bonito del asunto estriba en que no son dos temas ideológicos, y por tanto perturban por igual a los doctrinarios de la izquierda y de la derecha. Indican cuál es el tipo de luchas políticas que van a darse de ahora en adelante, una vez finiquitadas por general abandono las monsergas milenaristas del marxismo y convencida la gente menos beata de que lo que cuenta hoy es impedir la colectivización moral del socioliberalismo. Por supuesto, no faltan quienes protestan porque se les dé primacía a estas cuestiones, arguyendo que hay problemas más importantes, ya que el servicio militar y la droga sólo afectan directamente a una minoría de ciudadanos. Es la postura defensiva de los reaccionarios de todas las épocas: cuando se reivindica un cambio estructural se amparan en la magnitud del asunto ("no comencemos la casa por el tejado"), y cuando se pide una transformación puntual se descarta por nimia ("parece mentira que ahora me venga usted con tales caprichos"). En los casos de la supresión de la mili obligatoria y de la despenalización de las drogas se emplean conjuntamente ambos argumentos, a falta de uno: se trata de pequeñeces y, además, son imposibles. Bueno, pues no se trata ni de minucias ni de imposibilidades, y conviene insistir en ello.Por el contrario, ambas demandas tienen mucho que ver con la ampliación y conquista de libertades personales, proyecto individualista que presenta las posibilidades más atendibles de modificar para mejor lo comunal. En un principio los dos temas se han planteado al modo de regeneracionismo colectivo, único lenguaje permitido hasta hace poco para formular exigencias políticas. De tal manera que oponerse a la milicia obligatoria ha pasado por hacer declaraciones contra la violencia instituida, los gastos de armamento, la humillación del recluta y la amenaza nuclear, cuando no a profesar urbi et orbi convicciones religiosas antisanguinarias; y solicitar la despenalización de las drogas ha requerido reducir la argumentación a que se trata del mejor modo de acabar con el gansterismo de las mafias y con las muertes por sobredosis o adulteración. Naturalmente, todas estas razones son muy atendibles y de sobra convincentes, pero oscurecen un tanto lo más positivamente subversivo de estos asuntos: el rechazo activo y político de que el unanimismo estatista se imponga por encima de la opción individual. Por fortuna, ahora ya hay cada vez más objetores de conciencia (es decir, personas que no quieren hacer la mili, ni lo que sustituye a la mili, ni lo que sustituye a lo que sustituye, etcétera) que no se enredan demasiado hablando de pacifismo ni de gastos militares, sino que -a este respecto- se limitan a dejar claro: que sea bueno, malo o regular el que haya ejércitos, ellos no quieren dedicar ni un año, ni tres meses, ni tres días de su vida a formar parte de ninguno y que niegan al Estado el derecho a imponer semejante servidumbre arcaica. Ojalá pronto también en el terreno del antiprohibicionismo de drogas empiecen a abundar quienes afirmen que las drogas -más allá de mafias y suicidas- son una de las posibilidades gratificantes, y por tanto uno de los derechos de los hombres del siglo XX, así como la información desprejuiciada sobre sus efectos, el control de su pureza y el equilibrio de mercado de su precio.

El fondo del problema es, como casi siempre, el de si se toma en serio o no la libertad de elección de los individuos. El tipo de sistema político en el que afortunadamente vivimos se basa en que nadie sabe mejor que cada cual lo que le conviene y que es a cada cual a quien hay que asegurarle el ejercicio de la libertad (por medio de la enseñanza, la igualación de oportunidades económicas de partida, el derecho de expresión e información) y exigirle la responsabilidad (jurídica, política y social) de sus acciones de alcance público. Pero los Estados que, desafortunadamente, se han instituido a partir de tal sistema subvencionan en nombre de posibles beneficios colectivos larenuncia al ejercicio de esa libertad y en numerosas ocasiones la imponen en nombre de principios sagrados de orden patriótico o moral. Así en los casos que nos ocupan. Cuando conviene (casi siempre en ocasiones relacionadas con las transacciones bancarias o convocatorias electorales) el individuo es plenamente libre, por pobre, analfabeto o anciano que sea; para otras cosas (drogas, servicio militar, aborto, etcétera) a todo el mundo se le trata cómo si fuera menor de edad o paralítico mental irrecuperable. Si alguien dice que la mili debe ser voluntaria es un elitista, porque de tal modo está procurando que al Ejército no vayan más que los hijos de las familias humildes, que son los más necesitados de empleo; la despenalización de la droga es elitista porque sólo funcionaría bien para intelectuales, pero los jóvenes parados o la gente sin instrucción caerían como moscas si se aprobara tal medida. Según ese razonamiento, lo menos elitista sería prohibir el voto a cuantos por estrechez económica, analfabetismo o pocas luces van a votar a cualquier sinvergüenza que les pongan delante. Quizá también haya que impedir votar a las mujeres, que son demasiado emotivas, y a los ateos, que como no respetan lo más sagrado son capaces de cualquier felonía... En fin, que como toda libertad es condicionada (¡y condicionante!: las drogas que elijo tomar pueden esclavizarme tanto como el hijo que quiero tener o la carrera que decido estudiar) lo mejor es dejar al Estado la decisión de cuándo tiene que tratarnos como libres y cuándo no.

Los demócratas americanos que critican las medidas totalitarias tomadas por el presidente Bush en el tema de las drogas dicen que lo que hay que hacer es combatir las razones que llevan a la gente a consumirlas: ¿y si la razón principal de la mayoría es que quieren tomarlas? ¿Habrá que luchar también contra esa voluntad hasta que quieran lo que Bush dice que tienen que querer? Se exige a los objetores de conciencia que justifiquen por razones religiosas, políticas o lo que fuere su rechazo a la obligación militar, como si hubiera otra objeción de conciencia más básica y convincente que la fundamental de todas: no quiero.

Debe de haber pocas personas que crean seriamente que tener durante más de un año y contra su voluntad a la mayoría de los jóvenes de un país haciendo guardias con fusiles viejos es el mejor método de defensa en la época de los misiles. Y aún menos serán los que opinen que la ascética del uniforme, más dada a imponer la obediencia ciega

que a fomentar la capacidad de decidir por uno mismo y argumentar la propia opción sea la vía regia para tomar conciencia ciudadana en un Estado moderno. De aquí los argumentos tan pintorescos que se inventan para sustentar el servicio militar obligatorio. Cierto general afirma que un ejército profesional sería cosa de "mercenarios". Para empezar, los mercenarios son quienes sirven por un sueldo en una milicia extranjera, lo cual no es el caso. Pero si lo que se pretende decir es que mercenario es el que cobra por lo que hace, entonces aquí todos somos mercenarios, empezando por el general en cuestión. ¿Por qué no propone entonces que se suprima el sueldo a todos los militares que hoy lo cobran si tanto le repugna el mercenariazgo? Narcís Serra proclama que el servicio militar obligatorio es una conquista de la Revolución Francesa y que por tanto sería reaccionario renunciar a él. Hombre, si vamos a eso, la primera conquista de dicha revolución fue guillotinar a los reyes; y, francamente, no me imagino al jacobino Serra con el hacha al hombro camino de la Zarzuela para cobrarse la parte que le corresponde de la herencia del bicentenario. De modo que menos lobos o a empezar por donde se debe...

¿Sería precisa una reforma constitucional para pasar del servicio militar obligatorio al profesional? Si no me equivoco, lo que la Constitución dice es que todos los españoles tenemos la obligación de contribuir a la defensa de la patria. Supongo que pagar los impuestos de los que. provendrán los fondos para gastos militares es ya una indudable contribución. Además, a la patria no sólo se la defiende militarmente, ¿no? Impedir que la libertad de los ciudadanos se vea sometida por el Estado a una prestación personal obligatoria ya es contribuir eficazmente a la defensa de lo mejor de la patria: de modo que habrá que tener a los objetores de conciencia por héroes (y a menudo mártires) del precepto constitucional. Por cierto, poco después de las elecciones comenzarán los juicios contra objetores insumisos que se niegan también al servicio sustitutorio al de armas. Se arriesgan a penas serias de cárcel por mero delito de coherencia: ¿no deberían comprometerse de algún modo con ellos los partidos que se dicen progresistas? ¿No deberíamos comprometernos con ellos los ciudadanos partidarios de un servicio militar profesional? Lo único imposible es avanzar si no se atreve nadie a dar el primer paso.

En cuanto al tema de la despenalización de las drogas, lo contundente de la argumentación a favor lo confirman los juegos malabares que tienen que hacer con la dialéctica quienes se oponen a ella. Por ejemplo, Javier Tusell despachando en estas mismas páginas en cuanto historiador los tres volúmenes abrumadoramente eruditos de la Historia de las drogas, de Escohotado, como una visión maniquea a lo Indiana Jones. Supongo que se trata de un rasgo de humor destinado a entretener al personal mientras se documenta a fondo sobre un tema que ignora; esperemos que acabe pronto sus estudios y nos dé algún motivo para el debate tan bueno como el que ahora nos ha dado para reír. O el propio Felipe González hablando de lo imposible de la legalización en un solo país, como si alguien hubiese propuesto sin más cosa semejante. Lo que se pide, repitámoslo por enésima vez, es la aceptación política de que el uso de las drogas, hoy satanizadas, debe ser despenalizado, y el compromiso de iniciar un debate internacional en este sentido. De nuevo, lo único imposible es avanzar sin dar ni un paso o retrocediendo. Y es que la cuestión estriba en cómo tomarse eficazmente las libertades. Las elecciones democráticas están para que los ciudadanos se tomen las libertades con y por medio de los políticos, no para que legitimen a los políticos que han decidido tomarse libertades con los ciudadanos.