El consorcio de población marginada realizó ayer dos nuevos desalojos
El Consorcio para el Realojo de la Población Marginal realizó ayer dos nuevos desalojos siguiendo con su política "ejemplarizadora", según sus responsables, de expulsar a las familias que han comprado una vivienda a los beneficiarios oficiales. Las expulsiones se produjeron ayer en dos viviendas de la calle de las Marismas, en Vallecas. Una de las afectadas manifestó que había pagado hace nueve meses 3,5 millones de pesetas por el piso que ocupaba.El consorcio ha llevado a cabo, desde el pasado viernes, seis desalojos y está tramitando 14 expedientes más. Todas ellas compraron las viviendas a personas marginadas a las que les fueron otorgados los pisos en régimen de alquiler. Según Rosa Molina, responsable del área social del consorcio, los próximos desalojos irán acompañados de una denuncia judicial por estafa contra el vendedor.
"Llevaba nueve meses metida aquí y con constantes amenazas de desahucio", explica Emilia Hernández, desalojada ayer del bajo A del número 63 de la calle de las Marismas. "Yo le di tres millones y medio de pesetas a un gitano que, según me han dicho, ya ha vendido dos veces los pisos que le ha asignado el consorcio". Emilia está casada y tiene una hija de corta edad. "Yo vivía en una chabola en la calle de Juan Mazo, como la mayoría de las personas que están ahora en el bloque, pero a mí me dijeron que no tenía derecho al piso. Por eso mis vecinos prefieren que esté yo a cualquier otro", comentó.
El otro desalojo se produjo en el bajo A del número 51 de la misma calle. Ambos pisos han sido ya asignados por el consorcio a familias chabolistas. Un grupo de vecinos manifestó su rechazo a la expulsión de las familias, aunque no hubo incidentes, según informó la Policía Municipal.
Según los datos del consorcio, se han efectuado transacciones que han alcanzado los 4,2 millones de pesetas por un piso de 100 metros cuadrados, aunque lo habitual es que los precios oscilen entre 2 y 4 millones. Los barrios de Palomeras, La Carolina y Pililla son los que mayor número de expedientes de desalojo por ventas fraudulentas han registrado.
