PSOE lleva al juzgado varios acuerdos de la Empresa Municipal de la Vivienda

Jesús Espelosín y Blanca Moltó, vocales del PSOE en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, presentaron ayer ante el juzgado de guardia una demanda por la que se impugnan los acuerdos tomados por este consejo el 9 de agosto y el 4 de octubre. Ambos aseguran no haber sido invitados a las sesiones en las que fueron encargados estudios jurídicos y geológicos de los terrenos donde se construirán 18.000 pisos sociales.

La decisión del PSOE se produce dos días después de que dos concejales del equipo de gobierno, el centrista Fernanco López Amor y el popular Luis Álvarez, plantearan la posibilidad de ejercer acciones judiciales contra el también concejal Jesús Espelosín. Éste, por su parte, ya había solicitado en carta enviada a Agustín Rodríguez Sahagún que se repitiesen las citadas sesiones del Consejo por estimar que no habían sido legalmente convocadas. En estas reuniones fue aprobada, entre otros asuntos, la adjudicación de dos estudios, uno jurídico y otro geológico, de cuyo resultado parece depender la postura del equipo de gobierno sobre el plan para construir 18.000 viviendas sociales."Si el juez nos da la razón como esperamos, las reuniones deberán volverse a celebrar. No pasará nada, ya que el centro-derecha tiene mayoría y volverá a ratificar sus acuerdos, pero tendrán que escucharnos", dijo ayer Espelosín. Éste aseguró que el equipo de gobierno ha mostrado un certificado del Secretario General en el que se indica que los dos vocales socialistas fueron convocados "en la forma en que aparecen en los listados", pero en éstos no figuran las firmas de los vocales. En su lugar aparecen unos sellos de la conserjería y de la mesa de reparto, la palabra "portero" y una Firma que no es de ninguno de ellos. "El juez debe decidir si ha habido deliberación o inoperancia", aseguró Espelosín.

Luis Larroque, portavoz adjunto del PSOE, indicó que los 24 concejales socialistas han solicitado, al amparo del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), la convocatoria de un pleno extraodinario para debatir la política municipal de vivienda social, estimar las alegaciones presentadas al pliego de condiciones del Plan 18.000 y convocar el concurso. El alcalde, según el ROF, ha de convocar en cuatro días el pleno y celebrarlo en dos meses.