Línea saturada

En octubre de 1988, los responsables de Correos y de Telefónica admitieron públicamente el deterioro de ambos servicios, en el Congreso de los Diputados y ante las críticas de la oposición. El responsable de Correos, José María Serrano, apuntó, sin embargo, que para esas fechas se estaban recuperando los niveles de eficacia de 1981.Antes de abandonar el cargo, Luis Solana ya advirtió que el teléfono funcionaría mal hasta 1989. Lo malo es que ese año ha llegado y las cosas siguen igual. Su sucesor en el cargo, Cándido Velázquez, se ha visto obligado a prorrogar la mejoría hasta 1992, el año emblemático de la Administración española. Portavoces de Telefónica atribuyen humildemente el mal funcionamiento del servicio a la sustitución de la tecnología analógica utilizada hasta ahora por la digital, única solución, según ellos, para afrontar el reto del mercado único europeo.

De todos modos aseguran que una tímida mejoría se está empezando a sentir ya. La lista de espera para obtener un teléfono es de 63 1.000 personas (datos de septiembre pasado); por primera vez ha descendido la cifra, que antes siempre aumentaba. Hay 4.000 peticiones de línea menos que el mes de agosto, aunque se mantiene el promedio de espera en siete meses. Pero hay casos de unas pocas semanas frente a otros de años. ¿La razón? "Las ciudades españolas están llenas de zonas residenciales que se han convertido de pronto en zonas de negocios, con la consiguiente multiplicación de las necesidades de líneas telefónicas".

Medidas de fuerza

Claro que no es éste el caso de la localidad abulense de Berrocalejo de Aragona, cuyos vecinos, hartos de la marginación en que la compañía les mantiene, impidieron a los obreros de Telefónica instalar en su término municipal el cable de fibra óptica que, trazado desde Madrid y Salamanca, permitirá una buena comunicación con Portugal.

La protesta sirvió, cuando menos, para obtener una promesa firme de que en seis meses Berrocalejo tendrá por fin la ansiada comunicación. Pero todavía no la tienen. Hay precedentes peores: un vecino de la localidad madrileña de Gargantilla del Lozoya tardó más de cinco años en conseguir la línea. La protesta alcanza también para los usuarios que han sufrido un cambio de su número de teléfono y han tenido que enterarse del nuevo por los amigos.

Menos clamorosa, aunque no menos grave, es la situación de un servicio que, corno el de Correos, contaba con una tradición de buen funcionamiento en España. En julio de 1988, la secretaria general de Comunicaciones, Carmen Mestre, admitía que Correos tenía en esos momentos un atasco de millón y medio de envíos postales. Fuentes de Correos aseguran ahora que la situación es de "total fluidez", pese a que la convocatoria de elecciones ha contribuido a masificar el número de envíos en estos días. La propaganda electoral supone un aumento del tráfico de 190 millones de cartas concentradas en una semana -el 50% del trabajo de un mes-.

El pasado año, los más de 27.000 carteros repartieron 4.600 millones de objetos postales. Correos reconoce que existen problemas puntuales, pero en general califica la situación como buena. El punto negro del reparto lo constituyen en estos momentos las urbanizaciones situadas fuera de los cascos de las poblaciones, "únicos puntos a los que se llega con retraso". Por lo que se refiere a los envíos que no llegan a su destino, el servicio postal culpa a los propios usuarios, a los que acusa de falta de precisión a la hora de datar una carta.

Pese a la fluidez del servicio, obtener datos sobre su funcionamiento es laborioso. Organización burocrática no falta. Conocer el estado del servicio de Correos supone un peloteo constante. La Secretaría General de Comunicaciones remite al gabinete de la Dirección de Comunicaciones, donde una amable secretaria indica que los datos en cuestión, aunque están en este gabinete, deben ser obtenidos a través de Prensa de la Dirección de Correos. Nada más fácil, siempre que se tenga la suficiente paciencia. Una virtud de la que no carecen los españoles, a juzgar por el número de denuncias planteadas a las organizaciones de consumidores.

La Unión de Consumidores de España (UCE) recibió sólo 50 quejas formales el año pasado en relación con el servicio de Correos. Se trataba de cartas perdidas con material de exámenes de oposiciones u objetos de algún valor.

Las quejas por retraso en los envíos ni se mencionan. Aunque también pueden ser graves. Un candidato gallego ha visto peligrar su inscripción en las listas por el retraso con que llegó a La Coruña un certificado de antecedentes penales pedido con urgencia al Ministerio de Justicia en Madrid.

Tanto el PSOE como el PP pasan sin hacer ruido por ambos apartados, mientras Izquierda Unida dedica casi una separata de su programa a previsiones y críticas.

Sorprende la concisión con que el partido socialista despacha en su programa las propuestas a abordar en dos servicios tan vitales. Aun reconociendo que es "prioritario atender al servicio telefónico, como un servicio básico que es". Para ello apuesta por continuar "el esfuerzo inversor en Telefónica". En el capítulo de Correos, el partido en el Gobierno se limita a especificar la necesidad de "dotar al servicio de Correos de una estructura y una gestión más empresarial".

Los grupos de la oposición, en concreto el CDS, dedica un gran espacio en su programa no sólo a ofrecer alternativas a la situación actual, sino a criticar duramente la política socialista. El partido que lidera Adolfo Suárez califica la labor de Telefónica como el paradigma de la degradación que puede sufrir una empresa por incompetencia. "En 1982, la calidad del servicio era de 76 puntos en un índice de 100", según el partido centrista. "La red española estaba considerada entre las 10 primeras a nivel mundial. A partir de 1983 se instalan el desconocimiento y la frivolidad como práctica habitual, que se agudiza con la contratación de personal incompetente para cargos de la máxima responsabilidad. El personal directivo se incrementa en más de un ciento por ciento. En 1988 se alcanzó el mínimo histórico en la calidad del servicio ofrecido con una red de datos que sencillamente no funciona".

Y como consecuencia de lo anterior, el CDS considera que se han producido "errores en la previsión de la demanda y en la planificación de la red".

Un cuello de botella

El CDS concluye que la empresa se ha convertido en "uno de los cuellos de botella de la expansión económica española" y propone la separación de las funciones reguladoras de las de operación en el servicio público. "En el nuevo contrato", según el programa del CDS, "se establecerá que los niveles de calidad y parámetros de prestación serán fijados por el Gobierno y controlados por un organismo independiente".

Izquierda Unida se pronuncia por un cambio profundo del actual modelo organizativo y funcional de ambos servicios y propone la creación de un Ministerio de Comunicaciones.

La coalición justifica su propuesta en el hecho de que la Constitución atribuye al Estado la -competencia exclusiva en materia de correos y telecomunicaciones. "El Gobierno a través de este ministerio tiene la obligación de dirigir la política interior y exterior en esta materia mediante la función ejecutiva".