Dos de cada tres parados, sin subsidio

Alrededor de 1,6 millones de desempleados -dos de cada tres parados incluidos en el registro oficial del Instituto Nacional de Empleo- no cuentan con protección alguna del Estado. El sistema español está homologado con el europeo en las prestaciones contributivas, pero no ofrece soluciones para los parados de larga duración, tengan o no responsabilidades familiares, ni para situaciones de marginación, demandantes de primer empleo, o quienes han tenido contratos inferiores a seis meses.Algunas comunidades autónomas han aplicado sus propias soluciones a través del salario social, vigente en los países comunitarios y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité Económico y Social de la CE para garantizar unos ingresos mínimos a las familias con menores recursos. Iniciaron la experiencia el País Vasco y Cantabria y tienen en proyecto aplicarlo Cataluña, Madrid, Asturias y Aragón.El caso de Andalucía y Extremadura es peculiar. Con las más altas tasas de paro de toda España -el 27,8% y el 28,9%, respectivamente-, disponen de un subsidio agrario y del plan de empleo rural, de forma que 250.000 jornaleros andaluces y 50.000 extremeños quedan excluidos de las cifras de paro registrado y cuentan con una protección todo lo imperfecta que se quiera y con vías abiertas al fraude, pero que ha permitido una cierta paz social en las zonas más deprimidas.Salario social

Sólo dos de las comunidades que proyectan aplicar el salario social están gobernadas por socialistas y constituyen una excepción en el conjunto de su partido, ya que tanto sus dirigentes como los ministros del actual Gabinete piensan que consolida la marginación. El programa electoral del PSOE no lo recoge y tan sólo se compromete de manera vaga a "impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y corporaciones locales, la realización de programas que establecerán prestaciones para la inserción social" y un subsidio hasta la edad de jubilación para los mayores de 45 años.

El CDS propugna un sistema redistributivo que garantice una renta mínima a los ciudadanos y un salario social para jóvenes sin primer empleo y mujeres solteras con hijos. Izquierda Unida, por su parte, adquiere un mayor número de compromisos y se propone ampliar de inmediato la protección hasta el 48%, para alcanzar a medio plazo la cobertura total, y concreta un salario social de 30.000 pesetas para situaciones precarias.