El mercado electoral
CADA CUATRO años, los ciudadanos tienen la oportunidad de cambiar el signo del Gobierno. Ésa es la esencia de la democracia: la posibilidad de configurar mayorías alternativas. Pero el proceso electoral atraviesa, antes del momento decisivo en el que los ciudadanos depositan su voto, por al menos dos fases previas de importancia no desdeñable: la designación de los candidatos por parte de las cúpulas de los partidos y la elaboración de los programas y ofertas electorales. Con más pena que gloria ha transcurrido la primera fase: el sistema de listas cerradas impide a los ciudadanos la menor participación en la selección de los candidatos. Los especialistas preparan ahora los pro gramas, es decir, el conjunto de medidas que los partidos se comprometen a poner en práctica si el electorado les otorga su confianza. En esto también las posibilidades de intervención, no ya de los ciudadanos, sitio tan siquiera de los militantes de los partidos, son bastante escasas. Sin embargo, siendo la democracia un sistema de opinión pública, los partidos no pueden dejar de tener en cuenta ciertas demandas o aspiraciones que de una u otra manera emanan de la sociedad. Y en esto hay indicios de que las cosas comienzan a cambiar.Lo que ha ocurrido con el asunto del servicio militar es bien significativo. La propuesta presentada por el Centro Democrático y Social (CDS) en 1986 fue considerada una genialidad oportunista de Suárez. Pero ha resultado que aquella propuesta, si bien dejaba indiferentes a los políticos, calaba profundamente en muchos millares de jóvenes que no quieren hacer la mili. De rebote, los padres de esos jóvenes han comenzado a interesarse por el asunto, obligando a los partidos a dejar de hacerse los distraídos al respecto.
Tal vez ello sea el reflejo de cambios sociales más profundos. Asentada la democracia y realizada la experiencia de que la pasada por la izquierda (moderada) no producía conmociones graves, los ciudadanos tienden a realizar sus opciones políticas en función de intereses sectoriales que les afectan de manera más directa. Las lealtades incondicionales, que harían que, por ejemplo, los trabajadores industriales votasen en bloque a determinado partido, han sido sustituidas por formas mucho más relativas de fidelidad. El sentido del voto depende ahora de factores mucho más concretos e instrumentales, y ningún partido puede dar por ganado el de cualquier sector social.
Por otro lado, las líneas maestras de los programas de todos los partidos -en relación a la política socioeconómica, la política internacional, etcétera se mueven entre márgenes bastante estrechos. Ya no se confrontan modelos de sociedad, sino, más modestamente, prioridades presupuestarlas. Mírese lo ocurrido con el divorcio, e incluso con el aborto: la derecha protestó, pero la mayoría de sus votantes consideraría una extravagancia que alguien intentase ahora suprimir esas reformas legales. Y como la diferenciación no es ya posible recurriendo a la fidelidad ideológica o a los proyectos retóricos de futuro, cada quisque busca los votos en sectores concretos de la sociedad: año sabático para los enseñantes o desgravación de los alquileres de vivienda o mili de tres meses o rebaja (le los impuestos o supresión de la selectividad universitaria. La oferta es amplia y con frecuencia contradictoria, incluso dentro de un mismo programa.
Tal despliegue no significa que por fin los partidos han comprendido que deben prestar mayor atención a las preocupaciones reales del ciudadano medio. Tal abstracción no existe. Cada cual piensa que lo que a él le preocupa -la ecología o las autopistas, la salida de la OTAN o la congelación de los impuestos- es lo que preocupa a la mayoría y tiende a considerarse prototipo de ese ciudadano medio. Pero ocurre que en una democracia las elecciones sirven para que la madeja de intereses y aspiraciones parcialmente contradictorios que conforman la sociedad se exprese en una resultante parlamentaria que determina la mayoría y las minorías para cuatro años. Nada más, pero nada menos.
