La Audiencia estrenó espectaculares medidas de protección

Más de un centenar de policías pertenecientes a una compañía de la Reserva General (antidisturbios) con sede en Ciudad Real se hicieron cargo ayer de la seguridad de la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo, magistrados y fiscales estrenaron un nuevo servicio de escolta que se encargará de su protección durante las 24 horas del día. La sede de la Audiencia estaba protegida hasta el momento por 18 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que, según comentaban ayer, tenían problemas para cubrir las bajas que se producían. por enfermedad o jubilación.

Estos policías fueron apartados ayer de la responsabilidad de la seguridad del edificio y fueron sustituidos por una compañía de reserva, procedente de Ciudad Real.Esta compañía será relevada por otra, más numerosa incluso, con base en Toledo. Los controles de acceso a la sede judicial se han intensificado notablemente. Estas medidas obedecen al acuerdo alcanzado entre los ministros de Interior y Justicia, Enrique Múgica y José Luis Corcuera, respectivamente; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil; el fiscal del Estado, Javier Moscoso, y el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo, tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle.

Los magistrados de la Audiencia han visto incrementada su protección con medio centenar de agentes en misión de escolta durante las 24 horas. Se da la circunstancia de que a los magistrados dedicados a investigar y juzgar a los terroristas, excepto a tres, les habían sido retirados los escoltas tras las vacaciones veraniegas, por reestructuración del servicio.

Los fiscales, que nunca habían disfrutado de protección individual, también disponen ahora de policías para su seguridad de forma permanente. Ayer, el edificio aparecía tomado por las fuerzas de seguridad y los escoltas.

Para estudiar el desarrollo del nuevo plan de seguridad, componentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se desplazaron ayer a la sede de la Audiencia.

El coste de las nuevas medidas de protección, según fuentes jurídicas, se estima en un millón de pesetas diarios.

Juicios

Los juicios contra los miembros de ETA no se suspenderán, según hizo público ayer el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo, en contra de lo que se había especulado el fin de semana.

Ayer, concretamente tuvo lugar uno contra Pedro María Fernández Arguilea, de 33 años, perteneciente al comando Pakito, de ETA Militar.

Fernández Arguilea está acusado de haber colocado un artefacto explosivo en un camión francés en el aparcamiento de paso fronterizo del puente de Santiago, en Irún. La explosión causó lesiones leves a cuatro personas, entre ellas el conductor del vehículo y su acompañante, y daños valorados en tres millones de pesetas.

También se le acusa del ametrallamiento de otros dos camiones franceses cuando circulaban entre San Sebastián y Francia. Todos estos atentados tuvieron lugar entre noviembre de 1984 y marzo de 1985.

El fiscal solicitó 26 años y cuatro meses de prisión para Fernández, por delitos de estragos y terrorismo, mientras que el defensor, José Miguel Gorostiza, en un breve informe, pidió la absolución.

El presunto etarra, cuyos tres compañeros de comando, Luis Zabaleta, Alejandro Azurmendi y Miren Bacarne Arcelus, murieron en un enfrentamiento con la policía, negó su intervención en los atentados de los. que se le acusa y aseguró que su confesiónante la policía fue obtenida tras ser torturado. Cuando finalizaba el juicio, Fernández afirmó que en nombre del colectivo de presos de ETA rendía un homenaje a los miembros del comando Araba muertos el pasado viernes en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Cuando iba a proferir nuevas amenazas contra la judicatura, el presidente interrumpió la megafonía y expulsó a Fernández de la Sala.

El fiscal, cuya compañera Carmen Tagle fue asesinada el martes, no hizo comentarios y realizó una acusación muy técnica y profesional.

[Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Ríus, declaró ayer en Burgos en relación con el asesinato de la fiscal Carmen Tagle que "la magistratura cumplirá con su deber, como hasta ahora", según informa la agencia Efe).