Un condenado pide el amparo del Constitucional contra un fallo de dos magistrados expedientados

B. DE LA CUADRA, Un condenado a 17 años de cárcel como autor de la muerte de un policía, ha solicitado amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que fundamentó el fallo en que el procesado era portador de un arma de fuego, sin que quedara probado que la utilizara para matar. El recurrente invoca el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que exige prueba de cargo para condenar. Dos de los jueces que firmaron la sentencia impugnada fueron recientemente expedientados por desatención a la dignidad de las personas.

El origen de este caso fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de enero de 1988, confirmada por el Supremo, que condenó a Juan Pablo Murillo Rayego a 17 años de cárcel y a Juan Antonio Martínez Modesto a 10 años, por la muerte de un policía y las lesiones de otro. Según los hechos que se declararon probados, el 23 de enero de 1985 ambos procesados, "en unión de dos mujeres jóvenes que les acompañaban, decidieron iniciar una anochecida festiva" y tras cenar desearon "redondear los placeres gastronómicos fumando hachís".

Los reunidos se dirigieron a un bar para adquirir hachís y se produjo un enfrentamiento con la dotación de un coche policial, como consecuencia del cual uno de los policías resultó muerto y el otro gravemente herido. En la sentencia se estima "confuso" que Murillo portara armas.

Falta de pruebas

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Juan Córdoba Roda, y presentado ante el Tribunal Constitucional, manifiesta que, en todo caso, lo único que probó la sala, aunque indirectamente respecto a Murillo, fue que portaba un arma de fuego, .no incluyendo en tal afirmación", señala, "ni que Murillo utilizara el arma ni, mucho menos, que la utilizara para producir la muerte".

Dos de los tres magistrados firmantes de la sentencia de Barcelona -Adolfo Fernández Oubiña, presidente de la sala, y José Luis Barrera Cogollos, ponente- fueron expedientados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 28 de junio (veáse EL PAÍS del día 29), al observarse "falta de sensibilidad por la dignidad de las personas juzgadas".

Por otra parte, el forense y psiquiatra Leopoldo Ortega Monasterio presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella criminal contra los magistrados de la Audiencia de Barcelona Adolfo Fernández Oubiña, Julio Gallego Otero y Marcial Subirás Roca por los supuestos delitos de calumnias, prevaricación y denuncia falsa, según informa nuestra Redacción en Barcelona.

Ortega Monasterio aseguró ayer que no se trata de una "venganza", a pesar de que la querella se interpuso a raíz de una sentencia en la que Fernández Oubiña criticaba la labor profesional del forense y pedía que se le abriera una investigación por un supuesto delito de falso testimonio, cometido en el reconocimienito médico de un procesado.