Quiebra democrática

El mecanismo de representación en un sistema democrático es la elección en las urnas mediante el voto libre y secreto. Bien es cierto que el papel de los ciudadanos no puede limitarse al simple ritual electivo cada cuatro años, sin otra participación ni medio de control sobre los electos. Los ciudadanos tienen el derecho -y el deber- de participar en la gestión pública, por medio de una serie de canales establecidos, a través de sus asociaciones sindicales, vecinales y sociales, además de contar con legítimas vías de expresión y presión por las libertades de opinión, petición o manifestación sobre la gestión de sus Gobiernos (municipal, autónomo o estatal). Y, por supuesto, también tienen el re curso a los órganos encargados de controlar el cumplimiento de las normas democráticas: los tribunales de justicia.En todo caso, la ley contempla unos derechos y deberes para aquellos partidos que ejercen el poder y otros para los que ejercen la oposición.

Lamentablemente, estos derechos se conculcan con demasiada frecuencia. Particularmente, en el nivel municipal, las trabas al ejercicio del papel de control que tienen encomendado los concejales y las cortapisas a la participación ciudadana son moneda corriente. Las denuncias de representantes y ciudadanos ante la Administración caen generalmente en saco roto, las quejas ante el Defensor del Pueblo se quedan en puro testimonio y muy pocas veces se acude a los tribunales, por ser un camino lento y costoso, mayormente en lo que concierne a lo contencioso-administrativo. Y las cosas suelen transcurrir mortecinamente ante la frustración y la resignación. Pero a veces las situaciones adquieren tintes agudos y crispados.

Y se produce el conflicto social. Naturalmente, no se trata de algo que surge de la noche a la mañana, sino que la tensión se va generalizando a partir de una sucesión de comportamientos y de actos.

El caso de Cangas nos parece paradigmático: un gobierno municipal elegido por mayoría absoluta hace dos años se encuentra ahora enfrentado a la práctica totalidad de la ciudadanía. Lo que reflejaron desde hace año y medio sucesivas manifestaciones multitudinarias, huelgas generales y otras movilizaciones pacíficas lo refrendaron lógicamente las urnas del pasado día 15: mientras que el PSOE se mantuvo o aumentó en otras partes, en Cangas, con la tasa de participación más alta de Galicia, perdió dos de cada tres votos. Toda una bofetada simbólica.

No podía ser de otra manera: el alcalde y su grupo han vaciado de contenido la institución municipal y secuestrado el funcionamiento democrático al impedir a los concejales de todos los partidos restantes ejercer su función representativa y al provocar de palabra y de obra al vecindario, desempeñando al final el poder únicamente gracias a la cobertura de la Guardia Civil.

Reguero de insultos

Y no hay mayor fracaso que el tener que gobernar con el solo argumento de las armas.

Se llegó a ello tras un reguero de insultos a concejales y vecinos en bandos, avisos y anuncios en Prensa pagados con dinero público; de la denegación constante de los derechos cívicos; de un sinfín de multas, denuncias y amenazas; de la sistemática negativa al diálogo para buscar solución a graves problemas como el de la contribución urbana, etcétera. Y todo adornado con el habitual decorado del enchufismo familiar y político, la destrucción y la especulación urbanística, las sospechas de corrupción, de endeudamiento municipal...

Los numerosos incumplimientos de la legalidad vigente (denegación de acceso a la documentación municipal, no celebración de los plenos obligatorios, privación de voz y voto en sesiones, toma de acuerdos ¡legales, no rendición de las cuentas, etcétera) fueron denunciados por nosotros ante la Administración estatal y autónoma, sin resultados prácticos. Y si bien la autonomía municipal es un hecho, no hay que confundirla con una patente de corso para vulnerar el ordenamiento jurídico. La Administración tiene, a este respecto, obligaciones y mecanismos de control que recoge el título V de la ley de Régimen Local. Y sus responsabilidades son manifiestas.

Quiebra

El conflicto podría llegar a ser muy grave. El 1 de junio, con la brutal carga policial, se saldó con más de 50 heridos, varios graves. Esperamos que el sentido común se imponga ahora.

Es evidente que cuando el único mecanismo utilizado para que la vida municipal se produzca es el despliegue policial hay una quiebra del sistema democrático.

Nuestras denuncias ante los tribunales ya han dado algún fruto y otras están en tramitación.

Pero ya pueden arbitrarse soluciones, dado que el propio sistema prevé salidas extraordinarias para situaciones anómalas: el artículo 61 de la Ley de Régimen Local prevé la disolución de una corporación y la celebración de nuevas elecciones.

Cuando, el 21 de noviembre pasado, el alcalde disolvió por decreto la vida municipal, cerrando el Ayuntamiento y retirando todos los servicios públicos (policía incluida), realizó algo gravísimo y sin precedentes en todo el Estado. Podemos imaginar a un presidente de Gobierno que disolviera el Estado, cerrase hospitales y retirase a la policía. Aunque sólo fuesen 24 horas.

Algo grave sucede en Cangas que aconseja la disolución de la corporación y la realización de nuevas elecciones. Eso sería lo racional y democrático. Sólo así será posible la normal convivencia al reajustarse la representación a la voluntad popular. Lo que produjeron las urnas, sólo las urnas deben cambiarlo.

Y, desde luego, la Administración, en el ámbito del régimen local, tiene que hacer valer los derechos de todos. Sólo así se pueden evitar derivaciones peligrosas y lamentables.