La crisis panameña
Panamá es un país centroamericano con una superficie de 75.650 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes; su economía gira en torno a su situación geográfica y a su particular relación de dependencia de EE UU. Básicamente, el canal interoceánico ha sido la causa de conflictos de diversa intensidad con EE UU a lo largo del tiempo.
La historia de Panamá está ligada a la lucha por la soberanía y la posesión del canal; debido a la dura interpretación del tratado por el Departamento de Estado norteamericano de las cláusulas de 1903 en la década de los veinte, EE UU endurece su posición frente al canal impulsado por el secretario Hughes. En 1924 suspendió unilateralmente el Convenio Taft, que suavizaba la injusta situación a que se veía sometido el país, especialmente en materia comercial. En 1926 se redactó el Tratado Alfaro Morales-Kellog White; éste contemplaba pactar una alianza militar perpetua entre Panamá y EE UU. La asamblea nacional decidió no ratificar el acuerdo hasta que se obtuvieran mejores condiciones; los conflictos creados en 1928-1931 desembocaron en un golpe de Estado que desplazó al presidente Florencio Harmodio Arosemena. El Tratado Alfaro-Hull de 1936 se inspiraba en la política del buen vecino, de Franklin D. Roosevelt. En éste se atendía a ciertas reclamaciones de Panamá, aunque se dejaran muchas otras sin atender. Este tratado se vino a ratificar en vísperas de la II Guerra Mundial; en 1942 se pactó en EE UU un acuerdo de 12 puntos que establecía cuestiones defensivas, así como la instalación de 134 bases militares que deberían ser evacuadas al año siguiente de la firma de la paz mundial. En 1947 nuevas negociaciones dieron origen al Convenio Filos-Hines sobre sitios de defensa.
En la década de los cincuenta fue nombrado presidente de Panamá el coronel J. A. Remón Cantera, que inició una ofensiva diplomática destinada a revisar todos los tratados existentes con miras a nuevos vínculos con EE UU. El misterioso asesinato del presidente el 2 de enero de 1955 no impidió el logro del Tratado Remón-Eisenhower, que logra un avance en los derechos sobre el canal y un aumento de las anualidades pagadas por EE UU en 1967. Se llegó a la elaboración de tres proyectos de diferentes tratados: el Canal de Panamá, la defensa y la neutralidad de la vía y un canal a nivel del mar.
En 1970 el presidente Demetrio Lakas y el jefe del Gobierno, general Omar Torrijos, rechazaron oficialmente los proyectos de los tratados y se inician nuevas negociaciones que culminarían con el Tratado Torrijos-Carter, en 1977.
Soberanía efectiva
El tratado de Panamá en 1977 establecía la soberanía efectiva sobre la totalidad de su territorio; aplicación de la legislación en el desarrollo del reconocimiento de la jurisdicción plena en el área canalera, ejercicio de la jurisdicción penal y civil en todo; la reafirmación del principio de no intervención en los ajustes, internos de Panamá, tanto por parte del componente militar como del componente civil del Gobierno de EE UU; la administración de la totalidad de la cuenca hidrográfica del canal, la realización de actividades comerciales por parte de panameños en el área del canal, etcétera.
El Gobierno de EE UU en los últimos años ha realizado 50 violaciones del Tratado Torrijos-Carter de 1977 en sus diversos aspectos: orgánicos, laborales, financieros y jurisdiccionales.
Panamá es un país de economía de mercado en vías de desarrollo, con una renta per cápita de 2.247 dólares estadounidenses en 1987. El sector económico más importante es el terciario; cerca del 25% del PIB se origina en el sector de servicios.
Su comercio exterior se caracteriza por una baja tasa de cobertura frente al exterior (desfase entre el valor de las exportaciones e importaciones) lo que determinó saldos deficitarios en los últimos años. Las exportaciones, y también las importaciones, están concentradas en unos pocos mercados. En el año 1987 se diversifica de sus primeros clientes (EE UU, Costa Rica y la RFA) que absorbían el 43% de las exportaciones totales. Por otro lado, los tres primeros proveedores de Panamá suministraron en 1987 cerca del 30% de las importaciones. La dependencia económica del país frente a EE UU se demuestra en el volumen de las exportaciones, superiores al 50% y las importaciones, procedentes de EE UU, en un 30%.
La balanza de pago ha sido tradicionalmente deficitaria. La deuda externa contraída con fuentes privadas se ha incrementado. En 1987 se había situado en 1.857, 5 millones de dólares, pero la deuda externa contraída con organismos internacionales se redujo ligeramente.
El país es favorable a la inversión extranjera; no existe control de cambio a las transacciones de capital; se mueven los recursos libremente.
Las transacciones internas se realizan en dólares fundamentalmente, lo que aumenta la dependencia con EE UU; la moneda nacional es el balboa, cuyo uso es muy limitado.
La economía panameña se recuperó en 1985, creciendo el PIB en un 4,1%. A ello contribuyó el crecimiento del sector primario que se extendió en un 4, 8%, como la recuperación del sector manufacturero. En 1986, la contracción del sector primario hizo descender la tasa de crecimiento del PIB al 2, 9%. La construcción se recuperó en el mismo año, creciendo en un 6,1%. Para el conjunto de 1987 se registró todavía un crecimiento positivo del 1,5%, aunque en los últimos meses del mismo año la economía panameña comenzó a sentir los efectos de los problemas políticos surgidos con EE UU.
Las medidas económicas impuestas por EE UU para forzar la dimisión del general Manuel Noriega, que representa a los sectores nacionalistas intransigentes. Los efectos de estas presiones arrojan perjuicios aproximados de más de 2.000 millones de dólares, con una disminución del 20% del PIB.
Más paro
Esta guerra económica, que no es ya de barreras aduaneras ni de términos de comercio, sino de agresión financiera, que destruye la economía nacional y sus fuentes de trabajo y conduce a la paralización planificada de sus me dios de producción y donde sus negociaciones financieras se ven saboteadas, la retención de fondos públicos, la congelación de las cuentas en dólares en los bancos estadounidenses que afectaron a los suministros de alimentos y de medicamentos, también ha provocado el incremento de la tasa de paro en más del 20% de los trabajadores. Además de la ayuda encubierta a la coalición opositora para las elecciones que ascendió a 120 millones de dólares, la inseguridad y el miedo a las amenazas de intervención militar y el caos provocado por la guerra psicológica y económica cuyos objetivos fueron la agudización de los conflictos internos y la desestabilización del país, fomentando la evasión de capital, la emigración de sectores de la población hacia EE UU y otros países occidentales.
Siendo la crisis panameña de origen político se ha transformado en una crisis económico- financiera. Estados Unidos no quiere que Panamá tenga jurisdicción en el canal después del año 2000. La pérdida del canal tendría serias consecuencias políticas, económicas y estratégicas para EE UU. Por otra parte, el 10% del comercio estadounidense transita por el canal; en caso de un hipotético conflicto bélico en Europa, la OTAN se vería privada del 50% o más de los refuerzos planificados de hombres y materiales, que se verían interrumpidos.
Concluyendo, podemos decir que los argumentos basados en la geopolítica estadounidense son una excusa que oculta la agresión económica y de medidas políticas coercitivas impuestas que lesionan la soberanía nacional de Panamá.
Por eso podemos pronosticar que las perspectivas futuras de Panamá no son muy halagüeñas; la crisis económico-financiera y política se agudizará en el conflicto entre el nacionalismo de los sectores intransigentes y el intervencionismo estadounidense.
Ernesto Lorenzi Iglesias es investigador en el Instituto de Cooperación Iberoamericana.
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