Abogados: ¿fin de un modelo de gobierno?

La dinánica generada por la retirada del llamado sector crítico del Congreso de la Abogacía celebrado en mayo pasado en Palma de Mallorca puede provocar un resultado de cierto relieve histórico: acabar con el modelo de consenso y de concentración que viene imperando en la gobernación del Colegio de Madrid- el más numeroso e influyente de España- desde que Antonio Pedrol accedió por primera vez a su decanato en enero de 1974. La obsesiva fijación que los grupos de abogados críticos parecen tener por la persona de Pedrol, hasta el punto de dar la impresión de reducir todo su programa de actuación a la dimisión del actual decano del Colegio de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía, podría conseguir este objetivo pero con el efecto añadido de llevarse por delante este sistema de gobierno en el que han coincidido durante tan dilatado período de tiempo la derecha y la izquierda de la abogacía madrileña. El problema de fondo que se esconde tras esa hipotética salida a la actual situación conflictiva es si en estos momentos existe una alternativa mejor de gobierno, sobre todo desde una perspectiva progresista en la que teóricamente al menos parecen moverse los grupos de abogados del sector crítico.Seria harto simplista achacar lo sucedido en Palma de Mallorca a una pésima preparación del congreso, a insuficiencias del reglamento o a la mala fe y al personalismo de algunos de los protagonistas, aunque de todo ello haya habido. La reacción airada y contundente de los elementos más jóvenes y activos de la abogacía española es la expresión plastica del malestar incubado por los males que viene arrastrando esta corporación profesional desde antiguo y que no han hecho sino evidenciarse según ha ido evolucionando en su torno durante los últimos lustros la sociedad española. En sintesis, la situación creada podria responder a estos interrogantes:? Hasta que punto siguen siendo válidos el estilo y la forma de gobierno que han perdurado con exito durante tantos años, y hasta que punto son suficientes en los tiempos actuales las cotas de representatividad establecidas en las viejas estructuras colegiales? ¿Tienen las nuevas hornadas de jóvenes licenciados que llegan a la profesión cabida en estas estructuras y encuentra su problemática la suficiente receptividad?.

La historia de la abogacía española de los últimos quince años, y más concretamente la del Colegio de Abogados de Madrid, prefigura en muchos aspectos la general política vivida en este periodo de tiempo en el pais.

Tres años antes de que, desde el marco del Estado, la derecha posibilista iniciase la operación política de la reforma frente a la ruptura, Antonio Pedrol puso en práctica esta misma operación en el marco restringido de la abogacía madrileña con la aquiesciencia de los grupos de abogados que alentaban la oposición al franquismo.

Reforma frente a ruptura

Esto fue posible porque Pedrol, elegido por primera vez decano en diciembre de 1973 frente a la candidatura de Joaquín Ruiz-Gimenez, apoyada por la oposición democrática al franquismo, asumió desde el primer momento con inteligencia política la principales reivindicaciones del sector demócrata. Mas tarde, y una vez restaurada la democracia, Pedrol propició una especie de gobierno de concentración, que aún perdura, con las principales fuerzas politicas de derecha e izquierda presentes en la abogacia madrileña.

La paz colegial y el fortalecimiento de las relaciones de la abogacia con el poder político han sido los principales frutos de esta forma de gobierno. Pero, al mismo tiempo, los pactos por la cúspide que la hacían posible, en alguna medida artificiales, han propiciado el desinterés y el aburrimiento y reducido a una expresión mínima la vida colegial. Si desde la derecha esta situación apenas ha sido contestada no puede decirse lo mismo desde la izquierda: hace años que la vienen denunciando colectivos de abogados que han ido engrosando sus filas con los llegados la profesión en las últimas homadas, intelectualmente radicalizados y que encuentran el marco de los partidos de izquierda parlamentarios demasiado estrecho para su actividad político- profesional.

El impacto producido en la propia abogacia y en la opinión pública en general por los acontecimientos de Palma de Mallorca podria favocerer la búsqueda de soluciones satisfactorias para todos. La cuestion está en saber si los actuales dirigentes de la abogacia, y a su cabeza Antonio Pedrol, están dipuestos a reformar la normativa y estructura colegiales en el sentido de ampliar las bases de representatividad y hacer más fácil el acceso de todos los grupos a los órganos de gobierno de la profesión. Se trataria, en definitiva, de democratizar la vida colegial todo lo que es exigible de acuerdo a las pautas hoy vigentes, lo cual seria, por otra parte, el natural y digno remate de la trayectoria iniciada por Pedrol al frente de la ahogacia española en el ya lejano 1974. Pero, a la vez, habría que saber también si los grupos de abogados criticos están dispuestos a participar en esta tarea y a no trasladar al marco profesional cuestiones políticas que hoy día tienen tratamiento en las instituciones democráticas. Su actuación en el congreso de Palma de Mallorca parece haber estado animada por una rememoración nostálgica de experiencias valiosas del pasado- en concreto, la protagonizada en el congreso de la abogacia de León en 1970pero que nada tienen que ver con la actual situación. Ni a Pedrol le debe interesar concluir su actual y seguramente último mandato al frente de la abogacia con unas elecciones que le asegurarían el poder con los exclusivos votos de los sectores de la derecha ni a los grupos de abogados críticos debiera interesarles tampoco forzar una guerra en la que, a la vez que ellos, sería barrida probablemente la izquierda en su conjunto.