Jueces para la Democracia denuncia "la injusticia" de no implantar el jurado

Más de un centenar de jueces y magistrados inician hoy en San Sebastián el congreso extraordinario sobre el proceso penal, de la asociación progresista Jueces para la Democracia, en cuyas dos ponencias se opta por el jurado puro, integrado sólo por ciudadanos legos en derecho, y se denuncia "la injusticia" gubernamental por su no implantación.

La sección de Cataluña, que ha preparado las ponencias sobre el jurado, parte de las decisiones adoptadas en 1986 por Jueces para la Democracia, que optó por el jurado puro y estimó que en el jurado mixto o escabinado -integrado por jueces técnicos y ciudadanos legos en derecho- "la intervención del ciudadano sería meramente simbólica". Mientras el ministro de Justicia, Enrique Múgica, considera que "el jurado puro chocaría con la Constitución" por la necesidad de realizar "un análisis muy cuidado de la prueba" para destruir la presunción de inocencia, los ponentes estiman que en el escabinado "se priva al ciudadano de su potestad de emitir en exclusiva el veredicto".Jueces para la Democracia considera en sus ponencias que "la institución del jurado puro en nada impide que se cumpla la obligación de la motivación de la sentencia y la necesidad de explicar por qué ha quedado destruida la presunción de inocencia cuando se realiza una afirmación de culpabilidad". "No hay obstáculo alguno", argumenta, "para que el jurado manifieste en qué hechos se ha basado para pronunciar el veredicto, debiendo los magistrados, a partir de los hechos probados por el jurado, fundamentar la sentencia y la pena a imponer". Para los casos de dudas jurídicas, Jueces para la Democracia propone que el jurado pueda solicitar al magistrado ilustración ante las partes.

El texto propuesto al congreso acusa al Gobierno de incumplir la Constitución, y al PSOE de eludir "su propio programa electoral" desde 1982. Recuerda las experiencias no decisorias de juicios conjurados celebradas en numerosas audiencias, impulsadas por jueces y abogados, de las que el Gobierno, dice, "se ha desentendido". Critica también "la pasividad" del Consejo General del Poder Judicial, por no realizar "una actuación política más incisiva para la promulgación de la ley del Jurado".

Cada vez más difícil

Los ponentes denuncian la "carencia de razones políticas" y descalifican los argumentos fundamentados en que la instauración del jurado agravaría la difícil situación que atraviesa la administración de justicia. Afirman que el retraso "hace cada vez más dificil y costosa" su implantación, ya que las nuevas leyes y edificios judiciales no están teniendo en cuenta las exigencias del jurado. Los ponentes recuerdan asimismo el mandato de la Constitución de 1978 sobre la necesidad de una mayor aceptación social de la justicia, particularmente en determinados delitos cometidos por funcionarios o contra la libertad sexual.Igualmente, estiman que el Jurado puede remediar el alejamiento de la Justicia respecto al pueblo del que emana, y "la intrínseca injusticia que lleva consigo sustraer al justiciable de su derecho constitucional a ser juzgado por sus conciudadanos".