La presidencia española no quiere la utopía
Felipe González, presidente en ejercicio del Consejo Europeo , parece no querer recoger el guante, tantas veces lanzado por el Parlamento Europeo desde el momento en que se aprobó el Acta única europea, reclamando una reforma institucional que responda a las nuevas necesidades que surgirán con la consecución de los objetivos fijados para 1992.Reforma cuyo sentido fundamental es poner fin al déficit democrático que supone la actual distribución de poderes en el seno de la Comunidad. Un déficit mucho más importante de lo que a simple vista parece. En efecto, se calcula que a partir de enero de 1993, cuando a las competencias fijadas por los tratados de París y Roma se sumen todas las que recoge el Acta única europea, alrededor de un 80% de las decisiones políticas que afectan a los ciudadanos serán tomadas por la Comunidad Europea. De no modificarse el actual esquema institucional, estas decisiones escaparán a todo control democrático efectivo, ya que, hoy por hoy, es el Consejo -órgano formado por representantes de los Gobiernos de los doce que, a nivel de la Comunidad, no están sometidos a ningún control parlamentario- el que acumula la mayor parte de los poderes legislativo y ejecutivo.
Todas y cada una de las medidas legislativas a adoptar para la realización del mercado interior; las medidas que deben hacer efectiva finalmente la libre circulación de personas, bienes, productos y servicios por todo el territorio de la Europa comunitaria; las medidas para fortalecer la cohesión económica y social de la Comunidad a fin de superar los desequilibrios regionales hoy existentes más los que la dinámica de 1992 pueda generar; las medidas para establecer la política agrícola o la política de transportes de la Europa de los doce; las medidas de política social necesarias para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores comunitarios y para hacer participar a los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones... Todas y cada una de estas medidas se adoptarán a partir de 1993 al margen de la voluntad de los ciudadanos de la Comunidad. Porque el Parlamento Europeo -la única institución legitimada democráticamente para representar esta voluntad dada su elección por sufragio universal y directo- no tiene competencias que le permitan reemplazar, en el ejercicio de este control, a los Parlamentos de los Estados miembros. La necesidad de modificar el actual ordenamiento institucional a fin de dotar al Parlamento Europeo de los poderes necesarios para resolver el déficit que se está creando es, pues, incuestionable.
Votación por mayoría
Como incuestionable es la necesidad de modificar el sistema de toma de decisiones previsto en el Acta única, que si bien es cierto que ha extendido considerablemente el número de materias que requieren votación por mayoría, todavía somete al Consejo a la norma de la unanimidad en ámbitos vitales para la Comunidad, lo que resta eficacia a su actuación y dificulta enormemente la posibilidad de avanzar hacia la consecución de una Europa capaz de hacer frente a los grandes retos que plantea el siglo XXI; e incuestionable es también la necesidad de una modificación de los tratados que permita hacer realidad la unión monetaria y la creación de un banco central europeo sin el cual la realización del mercado interior se hace prácticamente inviable.
De ahí que, desde el momento mismo de la entrada en vigor del Acta única, el Parlamento Europeo, fiel a su mandato de defender los intereses de aquellos a quienes representa, haya manifestado en reiteradas ocasiones la conveniencia de una reforma de las instituciones comunitarias que permita satisfacer estas necesidades y al mismo tiempo proseguir por el camino que conduce a la Unión Europea. En esta línea de actuación debe inscribirse la resolución aprobada con motivo de la discusión del informe Herman sobre "la estrategia del Parlamento Europeo con vistas a la creación de la Unión Europea", resolución aprobada por amplísima mayoría y en la que se pide que el Consejo Europeo de Madrid mandate al Parlamento que será elegido en junio de este año a que proceda a la elaboración de un nuevo proyecto de Tratado de Unión Europea en el que, junto con otras reformas, deberá incluirse la modificación del actual "equilibrio" institucional, otorgando al Parlamento poderes legislativos y de control del ejecutivo y estableciendo procedimientos de decisión más eficaces y democráticos.
Sin embargo, aunque el Parlamento ha expresado tan claramente su voluntad, no parece que la presidencia española vaya a tenerla en cuenta. Decir, como dijo Felipe González en su condición de presidente en ejercicio del Consejo Europeo ante el pleno de Estrasburgo, que "el Parlamento tiene que encargarse de hacer la reflexión sobre el ámbito de competencias que le corresponderá en el siguiente período para poder encarar el siguiente paso en la construcción de la Unión Europea" es no decir nada. Pero decir, como dijo también el presidente González, que el Parlamento va a cumplir el próximo mandato con las competencias actuales, pero no más, es decir demasiado; y es, además, perder la gran oportunidad de dar un nuevo salto cualitativo en el camino hacia la integración europea. ¿Que es utópico pensar en estos momentos en la elaboración de un nuevo proyecto de Tratado de Unión Europea, como dijo el actual secretario de Estado para las Relaciones con la CE durante la reunión de la comisión institucional celebrada en Madrid el pasado enero? Tal vez. Pero no olvidemos que -como afirmaba ese gran europeísta que fue Paul Henri Spaack- "si los europeos de ayer sólo hubieran sido realistas, no existiría nada de lo que hoy constituye la Europa del rnañana".
