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El Congreso propone una ley de edificación para evitar el fraude inmobiliario

Anabel Díez

El Congreso propondrá al Gobierno que elabore de forma urgente una ley de edificación y otra sobre la multipropiedad, que regule las urbanizaciones privadas y que modifique la actual ley de Propiedad Horizontal. Estas recomendaciones serán aprobadas a últimos de junio en el Congreso y son el resultado del trabajo de la ponencia sobre situación de las transacciones inmobiliarias en las zonas turísticas españolas. El texto elaborado por el PSOE, con las aportaciones de todos los grupos, será aprobado por unanimidad, aunque el CDS presentará un voto particular

A juicio de los ponentes, en el campo de la edificación no existen casos graves "sino irregular¡dades en torno a las deficiencias de calidad y extraprecios de precios pactados". Este informe contradice el polémico texto elaborado por el eurodiputado conservador británico Edward MacMillan que centraba en España la inmensa mayoría de fraudes inmobiliarios de Europa.A iniciativa del diputado del CDS Rafael Martínez Campillo, el pasado diciembre se constituyó una ponencia, dentro de la comisión de Industria y Obras Públicas, para estudiar los problemas de las transacciones inmobiliarias en zonas turísticas, que ha terminado sus trabajos presididos por el socialista José de Gregorio.

El último borrador ha contado con el visto bueno de todos los ponentes, cuyas aportaciones se han tenido en cuenta, e incluso el capítulo sobre la tipología del tráfico inmobiliario fue elaborado íntegramente por el diputado de Izquierda Unida Francisco Moreno.

El informe señala que la ponencia se ha propuesto elaborar unas conclusiones que sirvan para mejorar el sistema de las transacciones inmobiliarias de bienes radicados en España, "teniendo en cuenta además los problemas específicos de las zonas turísticas y de los potenciales compradores extranjeros". La ponencia propone la regulación de la llamada multipropiedad, (denominación que claramente se ha impuesto en la doctrina jurídica española sobre otros nombres como time sharing, derecho de habitación periódica, propiedad a tiempo parcial...) que se ha extendido notablemente en determinadas zonas de España por constituir un sistema que combina la propiedad con el turismo y que hasta ahora sólo ha sido regulada en Francia y en Portugal. Al estar sin normalizar constituye "una fuente de posibles fraudes inmobiliarios, máxime cuando es frecuente que mediante ese sistema se promuevan inmuebles en España por sociedades extranjeras y en sus países de origen". Los ponentes llaman la atención sobre "el grave deterioro que puede sufrir la imagen de España por las repercusiones de operaciones fraudulentas realizadas en el extranjero y entre extranjeros, pero sobre bienes inmuebles sitos en España".

Urbanizaciones

Asimismo se propone una legislación propia para las denominadas urbanizaciones privadas o conjuntos inmobiliarios, a fin de incrementar la seguridad jurídica de los titulares de parcelas, apartamentos y chalés, que actualmente carecen de información de sus derechos y obligaciones.Los ponentes son taxativos al pedir al Gobierno que aborde con urgencia la ley de la edificación "y los mecanismos de control de las actividades promotora y constructora, así como las demás actividades inmobiliarias". Piden también la modificación de la vigente ley de Propiedad Horizontal para suprimir el principio de unanimidad para realizar obras necesarias para la habitabilidad del inmueble.

Los legisladores consideran urgente intensificar la información a los potenciales compradores, tanto nacionales como extranjeros, de inmuebles radicados en España, para difundir todos los aspectos legales y fiscales inherentes al tráfico inmobiliario y difundir las funciones de los profesionales que intervienen en el mismo, especialmente la de los notarios.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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