El fiscal retira la acusación de contrabando a 11 de los ex guardias civiles juzgados
El fiscal retiró ayer la acusación por delito de contrabando contra los 11 de los 12 ex guardias civiles que desde el lunes están siendo juzgados junto con otras 12 personas en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El juicio quedó anoche visto para sentencia.Se mantuvo únicamente la acusación por un delito de contrabando organizado contra el ex cabo primero Gabriel Revaliente Vázquez, para el que se pide una pena de cinco años de prisión y una multa de dos millones.
En conjunto, las conclusiones del fiscal imponen a los funcionarios penas de prisión que suman 76 años y 156 años de inhabilitación. Para los civiles, las penas impuestas por el fiscal suman 47 años y la cuantía de las multas alcanza los 28 millones de pesetas.
Las conclusiones del fiscal incluyen para seis ex guardias civiles de los puestos de O Grove y Sanxenxo (Pontevedra) penas por los delitos de cohecho (dos meses de arresto mayor, multa de medio millón de pesetas y dos años y un día de inhabilitación especial).
Estos mismos funcionarios son acusados de un delito de prevaricación (seis años y un día de inhabilitación especial). Para otros siete se mantiene la acusación de falsedad en documento oficial (seis años y un día de prisión mayor y 30.000 pesetas de multa). A los 12 procesados se les acusa también de un delito de malversación (dos años de prisión menor y seis años y un día de inhabilitación absoluta).
Por lo que se refiere a los civiles procesados, el fiscal les acusa de cohecho (dos meses de arresto mayor y medio millón de pesetas de multa), contrabando en cuatro casos (dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y dos millones de pesetas de multa) y contrabando continuado, en un caso, (tres años de prisión menor y dos millones de pesetas de multa).
En siete casos se piden penas de cinco años de prisión menor y dos millones de pesetas de multa por un delito de contrabando organizado.
Atentado
Se imponen además en dos casos penas de un año de prisión menor por un delito de atentado y una falta de lesiones y penas menores por simulación de delito -en uno de los casos para uno de los ex guardias civiles- y coacción.Los hechos que ahora se juzgan ocurrieron entre 1982 y 1984 cuando dos grupos organizados para actividades de contrabando de tabaco en O Grove (Pontevedra) acordaron con los miembros de la Guardia Civil fijar determinadas compensaciones en dinero y en especie a cambio de libertad de movimientos.
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