Juicio por contrabando contra 12 ex guardias civiles

En un clima de expectación comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra 12 ex guardias civiles y otros 14 ciudadanos acusados de delitos relacionados con el contrabando de tabaco. Los hechos ocurrieron entre los años 1982 y 1984 en la zona de O Grove (Pontevedra), y los delitos imputados son los de contrabando, cohecho, malversación y simulación de delito, en el caso de los civiles, y prevaricación y falsedad en documento oficial, por parte de los guardias civiles. El fiscal solicita penas de prisión que totalizan 260 años.

Asimismo pide 204 años de inhabilitación especial para los miembros del instituto armado y multas que ascienden a 58 millones de pesetas. En este caso se encuentran procesados 14 guardias civiles, pero dos de ellos están en rebeldía.En la sesión de la mañana declararon seis paisanos y cinco ex guardias civiles. De los primeros sólo dos reconocieron su participación en operaciones de contrabando. Afirmaron que habían tomado parte en una descarga a cambio de una determinada cantidad de dinero sin más implicaciones. Los guardias civiles que declararon rechazaron los delitos que se les imputan, circunstancia que se contradice con lo recogido en el sumario instruido años atrás.

Algunos de los encausados alegaron que aquella primera confesión había sido realizada "bajo presión psicológica" por parte de algunos de sus antiguos compañeros de armas. El guardia Simón Rodríguez aseguró que sus compañeros le habían obligado a firmar una declaración después de haber permanecido encerrado en un calabozo. "Recibí peor trato que los etarras", afirmó. Éste y otros guardias civiles acusaron a un sargento de apellido Torres de presionarles para que firmasen las declaraciones.

De acuerdo con el relato del fiscal, los hechos se remontan a 1982 cuando varios vecinos de O Grove crearon una "compañía dedicada al contrabando de tabaco. Para evitar complicaciones se pusieron en contacto con la dotación del puesto de la Guardia Civil de esa localidad y con otros cuatro del puesto de Sanxenxo y llegaron al acuerdo de pagar a cada uno de ellos 1.000 pesetas por cada caja de tabaco descargada. El acuerdo se realiza con el consentimiento del sargento Alejandro Álvarez Alonso, comandante del puesto de O Grove, que reclama 20.000 pesetas más por su colaboración.

La red funcionó hasta que en abril de 1984 el guardia civil Eduardo Hermida Quintela denunció los hechos. La mayoría de los guardias civiles fueron separados del Cuerpo.

Por otra parte, las esposas de los cuatro guardias civiles detenidos la semana pasada en Huelva por su presunta vinculación con sindicatos clandestinos, informa Margot Molina, manifestaron ayer en Sevilla que las "únicas pruebas" que tienen contra sus maridos son ilegales, "puesto que se trata de grabaciones hechas en los teléfonos de nuestros domicilios", según Josefa García, esposa de uno de ellos.