Fuerzas sociales y expertos coinciden en que el IRPF discriminará las rentas del trabajo

, La discriminación que sufrirán las rentas del trabajo frente a las del capital en el nuevo IRPF recibió una crítica unánime durante la reunión mantenida ayer entre representantes de UGT, CC 00, la CEDE y expertos fiscales con altos cargos de Hacienda. Por el contrario, hubo opiniones para todos los gustos sobre el régimen transitorio para los ejercicios anteriores a 1987. La sensación al terminar el encuentro fue que no hay demasiadas intenciones de cambiar básicamente el primer borrador, y así lo ratificó en otro momento el ministro de Economía, Carlos Solchaga, al asegurar que su proyecto está "bien fundamentado".

Entre los asistentes a la reunión de ayer cundió la sospecha de que la convocatoria efectuada por el Instituto de Estudios Fiscales no iba más allá de una operación de cara a la galería. Las intervenciones de los altos cargos de Hacienda, encabezados por el secretario de Estado, José Borrell, se centraron en la justificación de un borrador que, en su opinión, se adapta a los principios constitucionales, no debe tener un coste recaudatorio elevado -lo "asumible" son 250.000 millones de pesetas, y no debe crear la sensación de que los que han pagado impuestos hasta ahora han pecado de ingenuos; y que para este viaje la única alforja posible es básicamente el borrador elaborado por Hacienda.La reunión comenzó con una intervención de Borrell en la que solicitó a los asistentes su opinión sobre si en el régimen transitorio se podría seguir el camino de aplicar la legislación antigua a los casos abiertos por una inspección, en lugar de aplicar la nueva, como se prevé en el borrador. En éste se establece, además, que las liquidaciones para las futuras inspecciones tienen carácter de mínimas.

En este punto, hubo opiniones favorables a aplicar la legislación antigua para evitar que los defraudadores salgan beneficiados con la nueva legislación, aunque también hubo otras contrarias. Sin embargo, Hacienda se mantuvo en su idea de que la aplicación de la nueva norma es la única viable desde el punto de vista constitucional. Explicó, además que al establecer mínimos se evitará un problema de gestión por la avalancha que se podría producir de solicitudes de revisión de declaraciones.

Hacienda negó en todo momento que el decreto suponga una amnistía fiscal encubierta y nadie entre los asistentes pasó de apuntar de manera solapada una opción de este tipo.

Las críticas fueron, sin embargo, unánimes en cuanto a que la nueva norma discriminará a las rentas del trabajo frente a las del capital, ya que las primeras no se reparten, mientras que las segundas se pueden dividir por mitades. En este sentido, fueron bastantes las intervenciones en favor de un único sistema que sume las bases imponibles, las divida por dos aplique la tarifa correspondiente y vuelva á multiplicarlas por dos (splitting). Hacienda se mostró reacia a esta posibilidad ya que su coste recaudatorio puede superar el medio billón de pesetas, más de la mitad de los ingresos previstos por el Estado este año.

Nueva tarifa

También arreciaron las críticas de los expertos en cuanto a que la opción de la declaración conjunta puede ser inconstitucional, ya que se basa en la antigua norma que fue desterrada del ordenamiento jurídico por el Constitucional en su sentencia de 20 de febrero. En ese momento del debate, los representantes de Hacienda consultaron al auditorio sobre si se creía posible una modificación de la tarifa del impuesto sobre la renta para preservar la recaudación. La mayoría expresó su opinión contraria.

Paralelamente, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, declaró durante unas jornadas sobre comercio exterior que el borrador de real decreto-ley sobre IRPF está "bien fundamentado" y mantiene la progresividad del impuesto

además de reducir la presión fiscal para los matrimonios con una sola renta.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Barcelona ha propuesto al Ministerio de Hacienda una fórmula para efectuar una regularización fiscal que dé salida transparente a las principales bolsas de dinero negro. En esta propuesta, que fue presentada el viernes pasado al ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, por el presidente de la Cámara de Comercio, José María Figueres, se contempla la posibilidad de que los contribuyentes puedan hacer una declaración complementaria de patrimonio con fecha 31 de diciembre de 1988 que les permita aflorar lo no declarado hasta fecha, informa Josep María Cortés.

Para ello se establecería un gravamen extraordinario y transitorio que se califica de "impuesto de regularización" con un tipo del 5%, sobre los importes declarados si se invierten en valores del Estado a un interés del 4% y se mantienen inmovilizados durante los próximos tres años; es decir, hasta 1992. Si el contribuyente opta por transmitir estos valores aflorados, el tipo sería del

17%.