Prisión preventiva para cuatro guardias civiles supuestamente ligados al sindicato clandestino
El juez togado militar de la Capitanía General de Sevilla ha ordenado la prisión preventiva de los guardias civiles José Martínez Jiménez, José Espino Carrasco, José Antonio Cañado y Juan Reina, después de que declararan como presuntos autores del delito de sedición militar por su supuesta pertenencia a la Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC) y al Sindicato Unificado del Cuerpo (SUGC), ambos ilegales.
Los agentes prestan servicio en el puerto de Huelva y las acusaciones se basan en grabaciones realizadas mediante escuchas telefónicas, según los familiares de los guardias.José Martínez Jiménez declaró el lunes y se halla detenido en el cuartel de Eritania (Sevilla). José Espino Carrasco compareció el martes ante el juez, y los otros dos guaridias, ayer. Cada agente declaró durante más de seis horas, y todos están actualmente incomunicados.
Aurelio Garnica Díez, abogado de José Martínez, manifestó ayer que ha presentado un recurso de apelación. "No comprendo", dijo, "por qué a mi defendido se le ha aplicado el código penal militar y lo juzgó la jurisdicción castrense si la Constitución española exclusivamente define como fuerzas armadas a los ejércitos de tierra, mar y aire, y no incluye en ese capítulo a la Guardia Civil".
Los agentes negaron rotundamente durante su declaración cualquier relación con el Sindicato Unificado del Cuerpo, según los familiares, aunque admitieron alguna vinculación con la Unión Democrática de la Guardia Civil, promovida en 1987 por el cabo Manuel Rosa Recuerda, actualmente en prisión.
Desmilitarizar
La UDGC pide la desmilitación del cuerpo, y sus miembros consideran legal la asociación "por silencio administrativo", pues han pasado más de seis meses desde que presentaron los estatutos "en la Delegación del Gobierno en Madrid, el 9 de marzo de l987", según dijeron.En las calles de Huelva aparecieron ayer algunos carteles, firmados por la UDGC, en Iños que se exige la libertad de Rosa y del "resto de los funcionarios secuestrados por mandos militares". Los carteles van acompañados de una gran foto del cabo, cuyos familiares han declarado que se encuentra "en una situación insostenible" después de tres años de arresto.
Los carteles piden también "la inmediata desmilitarización del Cuerpo Policial de la Guardia Civil", y recogen varias reinvidicaciones laborales, como la jornada de 37 horas y media semanales y el pago de la nocturnidad y los días festivos, como el Cuerpo Nacional de Policía.
La cédula de citación de José Espino Carrasco convoca al agente "para que a las 9.30 horas del día 23 de de mayo comparezca ante este juzgado a fin de ser oido como inculpado, previniéndole que, si no comparece o alega justa causa que se lo impida, la orden de comparecencia podrá transformarse en orden de detención".
