Cetas mantuvo contactos con funcionarios antes y después de presentar su oferta
Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid llegó ayer a las conclusiones definitivas sobre el contrato concedido, y posteriormente anulado, a la empresa Cetas de Seguridad, SA, que preside el ex concejal socialista Miguel Lara. Según las citadas conclusiones, Cetas fue la única empresa que mantuvo contactos con funcionarios, previos a la presentación de su oferta. En éstos participó el jefe de Protección Civil del Ayuntamiento. Una vez presentada la oferta, y antes de la adjudicación, siguieron las conversaciones entre los responsables de los servicios relacionados con la contratación y Lara.
José María de la Riva, en representación del PSOE, no formuló ninguna conclusión sobre el llamado "caso Lara" y votó en contra de las presentadas por PP y CDS que pasaron a ser las definitivas. Según éstas, "el expediente, inicialmente concebido como un concurso público, se transformó, por razones de urgencia, en adjudicación directa".En el documento se afirma que "no queda acreditada la mayor conveniencia para los intereses municipales" de la adjudicación a Cetas en lo referido a su oferta informática, pues ésta podría haberse conseguido más económica a través del Centro Municipal de Informática. Para los ponentes, "la empresa Cetas fue la única que mantuvo contactos con funcionarios, previos a la oferta, para la obtención de información que facilitase el ajuste de aquella a las orientaciones de los servicios. En estos contactos personales participó el jefe de Protección Civil, Gastón de Iriarte".
Los contactos no sólo fueron previos, pues, según el documento, "agotados los distintos plazos para la presentación y ampliación de las ofertas (...) queda suficientemente acreditada la existencia de conversaciones entre los responsables de los distintos servicios municipales relacionados con la adjudicación y Lara. Tales conversaciones giran en torno a la adjudicación sometida a exámen de esia comisión".
El 13 de enero, Cetas resultaba adjudicataria del concurso para inspeccionar la seguridad de 825 edificios municipales por casi 50 millones de pesetas. El 10 de febrero, la misma Comisión de Gobierno anuló la contratación al enterarse de la presencia de Lara en Cetas, aunque oficialmente se hizo por un informe del concejal de Seguridad sobre la inconveniencia de ejecutar parcialmente el Plan de Seguridad en edificios municipales. "Se ha podido comprobar la inexistencia del mencionado plan", dicen los ponentes.
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