La ley del Suelo

LA NUEVA ley del Suelo, redactada tras múltiples vicisitudes, ha conseguido por fin superar el primer estadio de su elaboración y llegar hasta el Consejo de Ministros. Lo menos que puede decirse es que la Administración se ha tomado con una tranquilidad digna de mejor causa un problema cuyas consecuencias, que no han hecho más que comenzar a sentirse, serán muy graves para los ciudadanos españoles, que van a experimentar cada vez más dificultades para adquirir una vivienda digna.El propósito inicial de la nueva ley es devolver a la comunidad una parte de las plusvalías creadas por la calificación pública de los terrenos. Con ello no se hace otra cosa que dar un desarrollo concreto a un mandato constitucional y que hasta ahora había sido dejado de lado por las autoridades: un buen número de las recientes fortunas que han transformado el panorama patrimonial español se ha realizado precisamente sobre la base de la apropiación privada de esas plusvalías. Y aunque nunca es tarde si la dicha es buena, la realidad es que el súbito interés del Gobierno por el problema llega demasiado tarde, cuando la ola especulativa ha cristalizado en una situación cuyas negativas consecuencias serán duraderas.

Por lo demás, en sus disposiciones sustantivas, el proyecto de ley establece la obligación, para quienes hayan adquirido un derecho a un aprovechamiento urbanístico, de edificar en el plazo previsto en el momento de la adquisición del derecho, bajo pena de expropiación del mismo. La idea de esta disposición es evitar la acaparación especulativa de terrenos. También se establecen nuevos criterios de valoración del suelo urbanizado, más acordes con el interés general que los que hasta ahora se han utilizado. Las batallas que han precedido a la adopción del texto de la ley entre los diferentes órganos de la Administración -y que no hacen sino refle ar la lucha de competencias j

entre la Administración local, la central y las comunidades autónomas- no tienen otro sentido que el de intentar conservar para cada una de las partes implicadas una parcela de poder sobre los ciudadanos, incluso si ello es a costa de su bienestar personal.

Lo importante en los meses venideros será comprobar si los nuevos dispositivos son o no eficaces para prevenir el aumento especulativo de los precios de las viviendas. Para que la política urbanística gane en credibilidad sería preciso desarrollar las infraestructuras y los medios de comunicación con objeto de acercar las periferias de las ciudades a los lugares de trabajo de los ciudadanos y promover por todos los medios la descentralización de las actividades productivas. Todo lo cual debería verse acompañado por un fuerte aumento de la calificación de suelo urbano. Sólo de esta manera será posible aumentar la oferta y restablecer los mecanismos del mercado, rompiendo así el monopolio de hecho que la Administración ha atribuido gratuitamente a unos cuantos.

La economía de mercado requiere a veces la intervención decidida del Estado para restablecer los mecanismos esenciales de la vida económica en beneficio de todos, y el espectáculo de las ciudades españolas, a menudo rodeadas de amplios terrenos retenidos artificialmente en espera de su calificación urbana, no es en absoluto el reflejo de una economía de mercado, sino más bien el resultado de la falta de voluntad política para luchar contra la acaparación abusiva de un bien fundamental para la vida de los ciudadanos.