'Etarras' en Cayo Largo

El Gobierno cubano mantiene una postura ambigua pero cuidadosa con España sobre los deportados de ETA. El régimen de Castro no facilita información a Madrid sobre los seis activistas de ETA que permanecen en La Habana desde 1984, pero les prohibió organizar las charlas políticas que estaban preparando. Cuba impide el proselitismo a ETA aunque ampara discretamente a los activistas. Sin embargo, sostiene una postura confusa evidenciada por el todavía interrogante de la salida de La Habana de José Luis Ansola Larrañaga, Peio el Viejo, que sería detenido posteriormente en Francia

El Ministerio del Interior español reconoce que Cuba es el único país que no facilita información a España sobre los etarras deportados. Nadie sabe oficialmente cómo viven y qué relaciones guardan en La Habana.La amistad entre Felipe González y Fidel Castro favoreció el amparo de Cuba hacia los etarras, pero el dirigente comunista ha negado cualquier otra extensión de esa colaboración, especialmente en el control de sus movimientos y en el traslado de información.

Los activistas, la mayoría históricos dirigentes de las dos ramas de ETA, llegaron a Cuba en 1984. Todos viajaron a La Habana con sus familias. Sus relaciones no fueron cordiales. Por el contrario, existió un serio enfrentamiento entre los milis y los polimilis sobre diversas posturas, entre ellas la innecesaria continuidad de la lucha armada y la negociación con el Gobierno.

Cuba acogió a los dirigentes de ETA Militar Carlos Ibarguren Aguirre, Nervios; José Ansola Larrañaga, Peio el Viejo; José Ángel Urteaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. Por parte de los polimilis llegaron también responsables históricos de la organización -Jesús Abrisqueta Corta, José María Larrechea Goñi y José Antonio Múgica Arregui-. Los dos grupos evitaron relacionarse durante muchos meses. Ahora se reúnen en alguna ocasión, se respetan mutuamente, pero discrepan abiertamente sobre los problemas más conflictivos.

Durante algún tiempo un agente del servicio español de espionaje, el Cesid, permaneció en La Habana para obtener información sobre los etarras deportados, pero desistió ante el fracaso de sus intentos.

Ni siquiera el anterior jefe del espionaje cubano, el general José Manuel Piñeiro, conocido por Barbarroja, responsable directo de la custodia de los etarras, facilitó dato alguno sobre su estancia a los servicios españoles.

La salida de Cuba de Peio el Viejo causó una gran sorpresa en el Gobierno español, que confiaba en que Fidel Castro mantendría en su territorio a los deportados. El malestar español no provocó que Cuba ofreciera una explicación oficial a esa salida autorizada oficialmente por el régimen de Castro.

Los dos grupos de etarras viven en dos casas diferentes de las afueras de la capital y disponen de un documento de identidad que el Gobierno cubano les renueva anualmente como residentes temporales. La Habana les facilita una subvención económica y les permite una llamada internacional cada 15 días. No obstante, el Gobierno español paga a Cuba todos los gastos de estancia, al igual que hace con el resto de los países que acogen a activistas de ETA.

El régimen castrista les permite libertad de movimientos, reciben visitas y trabajan para el Gobierno cubano. Ellos solicitaron realizar alguna actividad para tener ocupadas algunas horas al día. También practican algún deporte por mantener discretamente la forma. Recientemente han asistido al torneo internacional de pelota vasca que se celebró en La Habana a finales de abril en las canchas del antiguo casino deportivo de El Cerro.

Los deportados practican un régimen de vida similar a los cubanos, aunque las ayudas que reciben del exterior les permiten comer o cenar ocasionalmente en algunos restaurantes que los trabajadores de La Habana no podrían visitar con el sueldo de seis meses.

Los activistas han visitado lugares típicos de la ciudad. Los fines de semana acuden a las playas próximas a la capital y han realizado alguna excursión a Santiago o a la paradisíaca isla de Cayo Largo.