"Y yo qué iba a hacer"

El único miembro de la escolta que acompañó el miércoles a Miguel Boyer, presidente de Cartera Central, se encontró en una situación difícil en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla, cuando el ex ministro de Economía fue golpeado por José María Ruiz-Mateos. El escolta de Boyer pertenece a una compañía privada, en concreto a Prosegur, y por tanto su actividad profesional no está regulada por ley. Es más, el escolta de Boyer no puede hacer ostentación de pistola ya que a efectos legales no es más que un particular que acompaña a Miguel Boyer.Fuentes cercanas a Boyer señalaron que éste acudió a los juzgados de Plaza Castilla sin tomar grandes medidas de precaución ya que el juez decano, Antonio García de Paredes, había dicho días antes a su abogado, Fernando Escardo, que dicha seguridad la garantizaban los propios juzgados. Por ello, Boyer acudió con su chófer y con un escolta privado, que una vez finalizados los hechos manifestó: "Y yo qué iba a hacer", según dijeron estas fuertes.

En medios del sector privado de seguridad se valoraba el incidente ocurrido el miércoles como una muestra de la indefensión jurídica en la que se encuentran los escoltas privados. La labor de escolta privada es actualmente ilegal, ya que esta función está encomendada a las fuerzas de seguridad del Estado. Un escolta que golpee o dispare contra una persona es responsable de las lesiones que sufra tal individuo sin que en su descargo valga el hecho de que está desarrollando una labor profesional.

Regular el sector

El Ministerio del Interior, que prometió hace más de un año regular el sector de las empresas privadas de seguridad, no ha suplido aún el vado legal existente, ya sea prohibiendo taxativamente las escoltas privadas o permitiéndolas bajo unos controles. Por el momento, Interior sanciona a las empresas de seguridad que realizan este tipo de servicios, cuya demanda no ha parado de crecer entre altos ejecutivos, empresarios y banqueros, así como personajes de la jet.De los 150 escoltas privados que existían hace dos años, la cifra se ha duplicado al menos, según fuentes del sector. Entre las cerca de 1.500 empresas de seguridad registradas en España, una decena de ellas -las más fuertes del sector - ofrecen también a sus clientes un serio servicio de escoltas.

Fuentes de Interior señalan en su descargo que permitir las escoltas privadas supone aceptar que un montón de personas vayan armadas, y prohibirlas implica distraer a, las fuerzas de seguridad de labores más prioritarias.