Jueces progresistas acusan a la Audiencia de amparar la impunidad

Jueces, fiscales y abogados pertenecientes a sectores jurídicos progresistas y moderados criticaron ayer la decisión de la Audiencia Nacional de abandonar definitivamente la investigación sobre el posible uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar los GAL. Sectores conservadores y oficiales declinaron pronunciarse sobre la resolución judicial. Jueces para la Democracia opinó que el tribunal ampara la impunidad de posibles conductas delictivas y la asociación Francisco de Vitoria calificó el auto de "resignación ante la postura del Ejecutivo" y "fracaso para la justicia".En los fundamentos jurídicos del auto (veáse EL PAÍS de ayer), la Audiencia Nacional se refiere a la colisión entre dos derechos fundamentales: la tutela judicial efectiva y la seguridad del Estado. La asociación judicial progresista y minoritaria Jueces por la Democracia, por boca de su portavoz, el magistrado Perfecto Andrés, estima la resolución "ni convincente ni convencida", entre otras cosas, porque, dice, "no se da colisión entre derechos fundamentales, porque sólo hay en juego uno en este caso: el derecho a la tutela judicial efectiva".

Según Jueces para la Democracia, este derecho "no puede encontrar obstáculos ni en la ley ni en la actuación administrativa y menos aún", señala, "en la judicial, como aquí sucede". Por otra parte, agrega que "la garantía del Estado de derecho consiste en cumplir el mandato constitucional" y que "con este auto, el tribunal suscribe la idea inadmisible de que pueden existir conductas delictivas que gozan de un privilegio de impunidad por razón de oportunidad o razón de Estado".

El magistrado Francisco Marín Castán, portavoz de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, se remitió a la última asamblea de este colectivo y, en línea con lo allí acordado, manifestó la "no conformidad" con un auto que describió como de "resignación ante la postura del Ejecutivo". Razonó que el cese de la investigación judicial "cuando el Ministerio del Interior no sabe en qué se gastan ni los controla, legitima el destino de unos fondos públicos a la comisión de delitos". Marín Castán concluyó: "Si éste es el resultado de la investigación judicial, significa un fracaso para la justicia".I

La justicia, "valor superior"

El fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, manifestó que "en un Estado de derecho, el secreto debe ceder ante la investigación de un hecho delictivo". Asinúsmo, estimó que la justicia es "un valor superior a cualquier otra razón o argumento que pretenda justificar la ocultación de datos que sean imprescindibles para la averiguación o el descubrimiento de un delito".Por su parte, Fernando Salas, abogado de la acción popular en el caso, declaró ayer a Antena 3 que la decisión de renunciar a la investigación de los fondos reservados "es una mala noticia para la democracia y el Estado de derecho". Lamentó que el tribunal haya perdido "una ocasión única", dijo, "para defender su independencia frente a la prepotencia del poder ejecutivo, en éste caso del ministro del Interior respaldado por un Gobierno". Salas explicó que había "una investigación perfectamente legitimada, que no pretendía poner en tela de juicio ni perturbar la seguridad del Estado, sino que quería conocer de dónde había sacado el dinero el señor Amedo [subcormisario procesado en el caso del GAL], que ha manejado muchos millones de pesetas".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial declinaron pronunciarse sobre el auto de la Audiencia Nacional, por tratarse de una cuestión jurisdiccional. En igual argumento se aniparó la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora. Su presidente, José Gabaldón, alegó además su condición de miembro de la sala de gobierrio del tribunal que ha dictado la resolución.