Confianza en el defensor
EL INFORME anual que ha elevado el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales -primero que realiza el actual titular de esta institución, Álvaro Gil-Robles- constituye, tanto por sí mismo como por la escasez de este tipo de trabajos, un examen valioso de la actividad de las administraciones públicas españolas durante 1988. Lo que importa ahora es que el obligado trámite de dar cuenta a las cámaras, como "alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales ante las administraciones públicas y sus agentes", no sea exclusivamente un acto protocolario: es de esperar que el Parlamento tome buena nota de las deficiencias observadas, le apoye en su tarea de garante de los derechos de los ciudadanos frente a los excesos de la Administración pública y adopte, cualquier iniciativa legislativa que pueda resolver aquéllas.El informe del Defensor del Pueblo ha contabilizado en 1988 la presentación de 13.797 quejas de los ciudadanos -un 12,57% más que el anterior-, lo que revela un constante aumento de la confianza ciudadana en esta institución. Junto al respeto de los derechos individuales, que sigue siendo motivo de denuncia de muchos ciudadanos, el informe del Defensor del Pueblo constata la preocupación creciente por el mal funcionamiento de los servícios públicos. En este sentido, las quejas ciudadanas se centran en la utilización abusiva del silencio administrativo, la escasa motivación de las resoluciones de los organismos públicos, la necesidad de una mayor colaboración de los poderes públicos con la justicia, la dilación excesiva en la ejecución de las sentencias dictadas contra la Administración y la descoordinación entre las administraciones públicas. Un buen número de quejas hace referencia a las deficiencias de Correos, Renfe y Telefónica.
Para la resolución de estas deficiencias es fundamental la buena predisposición de los gobernantes y de los administradores, públicos. Pero la evidente dificultad de la tarea exigiría que el Defensor del Pueblo tuviese en sus manos, además de la fuerza moral, algunós instrumentos legales que le dotasen de algo más poder del que actualmente tiene en sus relaciones con la Administración.
