La CE, en la Constitución portuguesa

Portugal dejará de ser constitucionalmente un país en transición hacia el socialismo dentro de cinco semanas si se cumple el calendario aprobado el miércoles por el Parlamento de Lisboa. Se adoptará el modelo político, económico y social en vigor en la Comunidad Europea (CE), a la cual pertenece desde 1986. El debate de la ley de Revisión de la Constitución de 1976, reformulada por primera vez en 1982, servirá de telón de fondo a la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, fijadas por el presidente Mario Soares para el 18 de junio.

La verdadera revisión ya está concluida, a resultas de un pacto de régimen firmado en noviembre de 1988 por el presidente del Partido Socialdemócrata, el primer ministro, Aníbal Cavaco Silva, y el secretario general del Partido Socialista, que entonces era Vitor Constancio. Ambos partidos disponen en el Parlamento de la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la totalidad y cada una de las cláusulas de la Constitución vigente.Las prisas por lograr el acuerdo tienen como razón principal, según el Partido Comunista Portugués (PCP), la vergüenza socialista ante la evidencia de su alianza con el Partido Socialdemócrata en materia de revisión constitucional.

A su vez, los socialistas acusan a los comunistas de evidenciar, una vez más, su papel conservador y hasta reaccionario, en el sentido de oponerse siempre al cambio. Argumentan que el PCP hostilizó a la Asamblea Constituyente de 1975 trató de oponerse por todos los medios a la primera revisión y defiende ahora una Constitución que tachó entonces de contrarrevolucionaria y antidemocrática.

José Magalháes, el joven diputado que encabezó la representación del PCP en la comisión de revisión -ligado al sector crítico del partido anunció que los diputados comunistas "no aceptan callarse para siempre" y quieren "clarificar las opciones tomadas" para colocar a todos ante sus responsabilidades.

En lo político, los cambios a introducir en la Constitución profundizarán la revisión anterior para eliminar los vestigios de la opción de régimen a favor del socialismo y de la construcción de una sociedad sin clases, adoptada por los constituyentes de 1975 y 1976. En lo económico, se eliminarán los obstáculos a la consolidación de¡ sistema liberal y de mercado, mediante la eliminación del carácter irreversible de las conquistas - revolucionarias en materia. de estatalizaciones.

Privatizaciones

Los socialistas, opuestos en la revisión anterior a alteraciones de las disposiciones económicas, dejaron, desde su penúltimo congreso, de defender incondicionalmente el sector público y estatal, y para muchos, la principal consecuencia concreta de la nueva revisión va a ser la luz verde al Gobierno para concretar sus planes de privatización de la casi totalidad de la economía. Se han vendido decenas de grandes empresas públicas y se ha privatizado por completo el sector de la comunicación social (con un servicio público de radio y televisión reducido a una única emisora de radio y un único canal de televisión).

Puede decirse que es en este campo donde la revisión constitucional deja de ser un epifenómeno político interno y suscita expectativas y codicias en los grupos económicos y financieros nacionales y extranjeros, al acecho de nuevas oportunidades en este rincón de la Comunidad Europea.

A cambio de este pragmatismo en lo económico, que suscitó resistencia entre la izquierda y los históricos del PS, la dirección socialista obtuvo, en lo político, del PSD, un pacto de régimen. Se trata de la consagración del consenso entre los dos partidos "con vocación para el ejercicio del poder en el marco del régimen democrático y pluralista" para alterar las reglas del juego (las leyes electorales, por ejemplo) o las normas legales consideradas inseparables de la esencia del régimen (defensa nacional, estado de sitio y de guerra, entre otras).