La postura de Almunia impide la aprobación de la nueva ley del suelo

El Consejo de Ministros no alcanzó ayer un acuerdo que permitiera dar luz verde a la ley del suelo. Fuentes del Ministerio de Obras Públicas señalaron que Joaquín Almunia, responsable de Administraciones Públicas, había defendido que la gestión urbanística correspondía a las comunidades autónomas, lo que no era respetado, a su juicio, en el borrador presentado a estudio del Gobierno; estas mismas fuentes indicaron que Economía no había expresado objeciones por el texto presentado. El jueves, sin embargo, existía una atmósfera de traquilidad en el MOPU, tras pensar que se habían superado las diferencias.La ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, aseguró ayer, por su parte, que esta ley presenta "una complejidad jurídica grande", por lo que ayer no pudo ser aprobada. Negó que se tratara de "una paralización de la ley" y anunció que ésta no va a sufrir modificiaciones sustanciales "aunque sí parciales". Rosa Conde afirmó, aunque con reservas, que la ley estará aprobada no más tarde de un mes".

Pero otras fuentes reconocieron que la ley presenta problemas de engranaje jurídico respecto a otras normas en vigor que afectan, fundamentalmente, a las competencias de las autonomías y a las de los ayuntamientos. En Administraciones Públicas se mantenía ayer un celoso secreto a este respecto. "Desde hace semana y media", dijo un portavoz, "hay instrucciones del ministro de que no se hable del tema". La misma fuente confirmó que es el propio titular del ministerio, Joaquín Almunia, quien lleva el peso de las negociaciones con el MOPU sobre la ley. En cuanto a las divergencias surgidas entre ambos departamentos, el portavoz se limitó a decir que si "cinco o seis periodistas llaman preguntando por ellas, es de suponer que las haya".

Satisfacción del sector

Por otra parte, los constructores se mostraban ayer satisfechos por la no aprobación del proyecto de ley del suelo por parte del Consejo de Ministros. La totalidad de los consultados, así como los representantes de diversas asociaciones profesionales coincidieron en manifestar que no conocían el proyecto más que por lo publicado en la Prensa y que una ley de esta trascendencia para el sector no puede hacerse a espaldas de los implicados. Josep Blanchart, presidente de Construmat-89, salón internacional de la construcción que estos días se celebra en Barcelona, aseguró que era partidario de un pactoentre las administraciones locales, autonómicas y central, con participación de los empresarios.Un destacado representante del sector aseguró a este diario que la retirada del proyecto era "la manifestación palpable de que Almunia tiene inteligencia, aprobarlo hubiera sido una barbaridad".