El Gobierno intenta frenar la especulación del suelo con expropiaciones
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, mediante el que pretende luchar contra la especulación de los terrenos que se registra en los últimos años y que se ha traducido en una elevación del precio de las viviendas en las grandes ciudades españolas, con incrementos de hasta el 400%. Con esta normativa se intenta neutralizar los efectos de¡ fuerte peso específico del suelo en el precio final de los inmuebles. Entre las medidas que el texto legal pretende aplicar destaca la expropiación de los solares que no se edifiquen en los plazos previstos por los correspondientes planeamientos.
Para la valoración de estas expropiaciones se han establecido mecanismos disuasorios con los que se rebaja considerablemente el precio real de los solares.El ámbito de aplicación de la nueva ley incluye las capitales de provincia y los municipios con más de 25.000 habitantes, así corno los que determinen las autonomías que lo consideren necesario por particulares circunstancias urbanísticas.
La lucha contra la especulación del suelo ha sido recientemente abordada también por el Ministerio de Economía y Hacienda con la promulgación de la ley de Tasas -que intenta acercar el valor real del suelo al declarado fiscalmente- y la de Haciendas Locales, que defiende y apoya un control más exhaustivo por parte de los municipios. Así, era necesario coordinar la actuación de este departamento con el de Obras Públicas.
Asimismo, el Ministerio de Administraciones Públicas también ha participado en el tramo final de las conversaciones para redactar la ley, al considerar que el texto de los borradores planteados invadía las competencias asumidas por las comunidades autónomas en esta materia.
Finalmente, la Administración central se reserva únicamente competencias en los temas que afectan a principios básicos, como el derecho de propiedad o los que sean de titularidad estatal, como es el caso de las expropiaciones y valoraciones; el resto estará subordinado en cualquier caso a la normativa que dicten las Administraciones autónomas al respecto.
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