Instalar un teléfono en cualquier pueblo de la región sólo costará 12.500 pesetas
Los presidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y de la Compañía Telefónica, Cándido Velázquez-Gaztelu, firman hoy un acuerdo por el que todo el ámbito regional será considerado como zona urbana. Eso significa que al instalar un teléfono en cualquier pueblo madrileño se aplicará la misma cuota de servicio que en la capital, y que asciende a 12.500 pesetas. Hasta ahora, los habitantes de núcleos urbanos que estaban considerados como extrarradios tenían que pagar cantidades muy superiores.
La firma del acuerdo supondrá una mejora indudable para los pequeños pueblos rurales de la región. El decreto 2.284, de 1984, señalaba que, de forma escalonada, todos los núcleos de población de más de 300 habitantes debían ser considerados como zona urbana, por lo que la instalación de aparatos, dentro del casco urbano, tiene ya una tarifa idéntica a la cuota de servicio, 12.500 pesetas.Las denominadas zonas urbanas no son estáticas, explican fuentes de Telefónica, sino que se van ampliando a medida que crecen las edificaciones de la localidad en cuestión. Por ello, estas nuevas construcciones se considerarán urbanas a efectos de tarifa, siempre que no estén separadas del límite del casco urbano por una distancia superior a los 100 metros, en cuyo caso se siguen considerando extrarradios.
El inconveniente de vivir en una colonia o urbanización separada del casco urbano por más de 100 metros es que la tarifa aumenta vertiginosamente, a razón de 30.000 pesetas por cada 500 metros de distancia o fracción. Así, para un grupo de casas que esté situado a dos kilómetros del casco urbano, el coste de instalación asciende a 120.000 pesetas, dado que Telefónica tiene que instalar primero la red de suministro.
El decreto, según informó ayer un portavoz de Telefónica, permitía que la extensión del servicio no corriera sólo a cargo de la compañía, sino que abría la puerta a convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso grupos de vecinos que estuvieran interesados, y que suelen coincidir con urbanizaciones o colonias alejadas de los cascos urbanos y con un número importante de viviendas.
En el acuerdo cuya firma esta prevista hoy, el Gobierno regional se compromete a aportar 102 millones de pesetas y a negociar con los ayuntamientos para que no haya problemas a la hora de conceder las licencias de obras que sean necesarias para la instalación de centrales telefónicas.
Este convenio es una continuación del firmado en abril de 1986, entre Joaquín Leguina y el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana. En 1986, el acuerdo estipulaba que la compañía se comprometía a instalar teléfonos públicos en las localidades que superaran los 50 habitantes, lo que suponía el acceso a este servicio de la mayoría de los pueblos, excepto poblaciones minúsculas, como La Hiruela. La Comunidad aportó 30 millones de pesetas para esta operación.
Con el convenio que se suscribe hoy, la Comunidad de Madrid será la primera en la que se alcance el total desarrollo de las previsiones establecidas en el decreto 2.248/84, sobre la extensión del servicio telefónico al medio rural.
Por otra parte, Leguina y Velázquez suscribirán otros dos acuerdos. Uno, para la instalación de redes de fibra óptica que seguirán el trazado viario de la Comunidad. Otro, para la construcción de una nueva torre de comunicaciones en Madrid. Cándido Velázquez informará asimismo . de las proyectos de la compañía de dotar a Madrid de otros servicios novedosos, enmarcados en el horizonte de 1992.
La lista de espera acumulada por Telefónica ascendía, en junio de 1988, a 35.000 solicitudes.
