Unos 70 fondos de pensiones esperan la autorización administrativa

Entre 60 y 70 fondos de pensiones están a la espera de recibir pertinente autorización de la Dirección General de Seguros, según manifestaron fuentes de Administración, que añadieron que desde el pasado mes de diciembre no ha visto la luz ningún nuevo fondo y que a lo largo de esta semana tendrá lugar una serie de reuniones con los representantes de las principales entidades afectadas (Asociación Española de Banca Privada, Confederación Nacional de Cajas de Ahorro, Unespa e Inverco para analizar los problemas suscitados tras la aplicación de la ley el reglamento de los planes y fondos de pensiones.

Tras los 94 fondos aprobados a lo largo de los últimos días del mes de diciembre, la Dirección General de Seguros decidió frenar la autorización de nuevas peticiones presentadas fuera del primer plazo establecido al efecto.

Los problemas que están encontrando las entidades aseguradoras a la hora de captar nuevos recursos por la vía de los planes y fondos de pensiones —situación ésta que se pondrá de manifiesto cuando se den a conocer las cifras obtenidas en el primer trimestre— han desatado nuevamente la polémica respecto de la conveniencia de modificar algunos aspectos contenidos en la ley reguladora de dichos planes y fondos de pensiones.

El apresuramiento, la escasa preparación de las redes y la confusión generalizada de clientes y de compañías aseguradoras fueron inicialmente los argumentos que se emplearon para justificar los negativos resultados obtenidos por un buen número de entidades gestoras de planes y fondos de pensiones.

El hecho de que durante los primeros tres meses de 1989 muchas compañías de seguros apenas hayan captado nuevos recursos a través de los planes de pensiones, pese al importante esfuerzo publicitario realizado, y, lo que es peor, que no se vislumbre a corto plazo un cambio significativo en la tendencia apuntada, ha reabierto la polémica respecto de la conveniencia de modificar algunos aspectos contenidos en la normativa que regula esta nueva fórmula de inversión.

La Administración, que encuentra en esta vía una posibilidad de aligerar la presión social que ejercen quienes se encuentran o están próximos a la edad de jubilación, así como las compañías aseguradoras, que ven en esta fórmula una oportunidad de obtener nuevos recursos, pese a que coinciden en la necesidad de llevar a cabo algunos retoques legales, disienten, sin embargo, tanto en la profundidad como en el alcance de dichas modificaciones.

Que las cantidades colocadas en un fondo de pensiones no puedan rescatarse en un momento dado por el partícipe y que la Administración no acepte que el promotor pueda garantizar una rentabilidad mínima sobre el dinero invertido continúan siendo dos argumentos que separan a la Administración y a un buen número de compañías de seguros.

Mientras Economía analiza la posibilidad de que el mercado español no de para un número excesivo de fondos de pensiones, mantiene en la cola a 70 entidades dispuestas a lanzarse a la arena, los dos problemas clave antes señalados, retribución de los depósitos y posibilidad de rescate parecen la piedra de toque para la expansión de un tramo del sistema financiero sobre el que se han depositado demasiadas expectativas.