El incierto destino de un perro perdido en Alcalá

LUIS SÁNCHEZ MELLADO, Un pleito pendiente de resolución por la Audiencia Provincial, un recurso aceptado por el Defensor del Pueblo y cientos de telegramas remitidos a las instituciones regionales y a los medios de comunicación por ciudadanos centroeuropeos manifestando su rotunda decisión de no volver a pasar sus vacaciones en un país "donde la humanidad, la cultura y la compasión son palabras desconocidas". Éstas son algunas de las consecuencias del largo enfrentamiento entre la Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Martín de Porres y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares acerca del modo de resolver el problema de los perros abandonados en las calles.

El desalojo forzado de una finca donada por el municipio que la sociedad protectora utilizaba como refugio canino es el último episodio de este enfrentamiento en el que ambas partes se acusan de buscar el lucro personal con la recogida de perros callejeros o enfermos, actividad que, en periodos de vacaciones, constituye una de las prioridades de la sanidad municipal en esta localidad de 150.000 habitantes."Protestamos enérgicamente en contra del acoso y persecución que sufren en Alcalá de Henares, por parte del Ayuntamiento, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Martín de Porres y los animales abandonados recogidos por esta sociedad de utilidad pública". Este texto ha sido remitido por numerosos ciudadanos de Austria y de la. República Federal de Alemania al Ayuntamiento de Alcalá y a los medios de comunicación españoles. Los comunicantes -piden que se logre "una solución civilizada, justa y humanitaria para este vergonzoso problema".

Animales apaleados

La relación de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas (SPAP) San Martín de Porres con el municipio alcalaíno se remonta a 1978, fecha en la que el Ayuntamiento cedió un terreno a esta institución benéfica, que lo ha utilizado hasta hace unos días como residencia temporal de los perros que recogía en la ciudad, hasta que se encontraba a alguien dispuesto a hacerse cargo del animal abandonado. Anteriormente, según señala Mercedes Diéguez, presidenta de la SPAP y ex candidata a la alcaldía de Alcalá por el Partido Verde, los perros abandonados eran sistemáticamente apaleados, ahogados o colgados al sol hasta morir, "ya que no existía lo que se entiende como una perrera municipal".

La SPAP siguió usando la finca como refugio canino, "pagan do al Ayuntamiento 535 pesetas por cada perro que quisiéramos recoger de la calle", hasta que en 1988 la alcaldía notificó a la entidad que el solar formaba parte de los terrenos en los que estaba previsto construir la nueva depuradora de residuos industriales de la localidad.

Según José María Irastorza, concejal de Salud del Ayuntamiento, la finca era "un verdadero foco de infección, con ratas del tamaño de un conejo y donde los perros estaban sueltos e invadían a menudo la cercana carretera que une Alcalá con Madrid con el consiguiente peligro para los automovilistas. Como el terreno municipal afectaba al proyecto de la depuradora, instamos a sus usuarios a abandonarlo a cambio de una subvención de 2,5 millones de pesetas para la habilitación de un nuevo refugio, que están a su disposición en el Ayuntamiento".

Paralelamente a las declaraciones del concejal, algunos empleados municipales aseguran que han recibido quejas de vecinos acusando a la sociedad Martín de Porres de utilizar el solar cedido por el municipio de forma lucrativa, "ya que se dedicaban a expender vacunas antirrábicas, cobraban' por los animales que conseguían recolocar y capturaban perros perdidos con buen aspecto para lograr una sabrosa indemnización". Éste último extremo es negado por Mercedes Diéguez.