El papel de los accionistas

A lo largo de toda la batalla desarrollada por el control de los dos bancos y del que hipotéticamente iba a resultar el primero del país, los accionistas no poseedores de un paquete significativo han sido sistemáticamente ignorados por la mayor parte de los actores. Esta situación ha llegado a su máximo exponente en las últimas semanas cuando, junto a la ruptura del proceso de fusión, se han alcanzado acuerdos que, por lo que se ha afirmado, facilitan la salida de algunos de los principales accionistas sin que ello suponga pérdidas patrimoniales importantes.Esta situación es la que provocó la última intervención del Banco de España, en contacto con la Comisión Nacional de Valores, que tiene poderes reconocidos pero que no puede ejercer aún, y obligó a la suspensión cautelar de las cotizaciones de las acciones de los dos bancos en las bolsas españolas.

La defensa de los pequeños accionistas ante la posible avalancha de papel en las bolsas nacionales -existen al menos dos paquetes importantes que deben empezar a salir al mercado obligó a recordar mediante carta del gobernador del Banco de España a los presidentes de las entidades que los consejeros deben comunicar sus operaciones de compraventa de acciones y que las operaciones, como señaló la ministra portavoz del Gobierno, deben realizarse con transparencia para que todos los interesados puedan tener la información suficiente.

Junto a ello, los problemas derivados del incremento de la autocartera de los dos bancos, producto del mantenimiento artificial de cotizaciones iguales cuando desde hace tiempo ya se veía muy difícil que pudiera culminar el proceso de fusión, vienen a enrarecer aún más el clima de la mayoría de los accionistas, que pueden verse afectados por una caída de las cotizaciones cuando se levante la suspensión. Y todo ello en un momento en el que los bancos deben reducir su autocartera.

Parar acuerdos

Los acuerdos alcanzados entre Juan Abelló y Mario Conde para encontrar un acomodo al paquete accionarial del primero, y el alcanzado entre cartera central y el presidente de Banesto para colocar también el 2% que los Albertos tienen todavía del Español de Crédito, fueron calificados por las autoridades como de "dudosa legalidad", y este hecho supuso al menos la suspensión temporal de dichos acuerdos, aunque en medios oficiales se reconoce "que es muy dificil acabar impidiendo que se formalicen porque existen muchos recovecos legales por los que se puede escapar el control".

De ahí la llamada a la cordura por parte de las autoridades y el recordatorio de que no todo es el control de las entidades, sino también la necesidad de tener muy en cuenta los intereses de los pequeños y medianos accionistas a los que los consejos, en su totalidad, deberían representar y tratar de defender. Pero lo cierto es que la historia reciente no parece permitir albergar demasiadas esperanzas.