El Consejo de la Abogacía rechaza la reforma procesal penal

El Consejo General de la Abogacía Española, que preside Antonio Pedrol, manifestó ayer que la reforma procesal penal promovida por el ministro de Justicia, Enrique Múgica, que entrará en vigor el 1 de marzo próximo, "no puede proporcionar al jurista la seguridad deseable de que se respetan todas las garantías de los ciudadanos exigibles para un efectivo Estado de Derecho". En concreto, denuncia que "en la inmensa mayoría de los delitos sometidos a nuestros tribunales, se incrementa la desigualdad de posición entre el fiscal que acusa y el abogado que defiende".

El máximo órgano de la abogacía reprocha a la nueva ley que mientras el fiscal dispone de tiempos ilimitados para preparar sus acusaciones, al abogado se le conceden términos extremadamente perentorios". Asimismo señala que "existe una disminución de las garantías en las situaciones de los inculpados que pueden ser citados por cédula, ni siquiera publicadas en los medios de comunicación, y se facilita la celebración de juicio en ausencia del inculpado". El consejo que preside Pedrol manifiesta que "esta falta de garantías no puede entenderse justificada por razón de una mayor rapidez del trámite". Otra crítica se refiere al reforzamiento del procedimiento escrito, en contra de la oralidad proclamada por la Constitución.