Decretado secreto el sumario de la querella contra el alcalde de San Fernando

Pedro Cano-Maíllo, magistrado titular del Juzgado número 2 de Alcalá de Henares, decidió ayer declarar secretas las diligencias que su juzgado y los miembros de la Brigada de Policía Judicial de la localidad llevan a cabo en relación con una querella criminal interpuesta en 1987 por Ángel Gullón, propietario de un terreno de 1.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares embargo y posteriormente adjudicó mediante subasta a una empresa constructora. El Ayuntamiento, dicen los querellantes, no devolvió después el importe de la subasta al propietario original de la finca. Ángel Gullón, ya fallecido, presentó una querella ante el Juzgado número 2 de Alcalá en la que afirmaba que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con su alcalde, el comunista Enrique Guerra, al frente, embargó un solar de su propiedad ubicado junto a las instalaciones del centro comercial Pryca, y contiguo a la carretera nacional II por el impago de las plusvalías de un ejercicio económico siete años anterior a la decisión municipal de embargar la finca.

Según la querella de Gullón, el Ayuntamiento le dio un plazo de 24 horas para satisfacer los siete millones adeudados antes de proceder al embargo de los terrenos, y no aceptó el aval presentado por Gullón como garantía de su intención de saldar la deuda. El propio Ayuntamiento se adjudicó el solar en la subasta convocada, por un valor igual a la deuda de Guilón. Posteriormente, fue el Ayuntamiento el que sacó el solar a subasta, que se adjudicó la empresa constructora propiedad de Arturo Cabrero Hernán , por 39 millones de pesetas. [La empresa sólo pagó ocho millones, dado que el Ayuntamiento de San Fernando le debía 60 millones, de los cuales, además, sólo estaban reconocidos 31 millones, y el constructor hizo uso del derecho de compensación, circunstancia calificada de "irregular" por el magistrado Cano-Maíllo.]

Pocos días después el constructor Arturo Cabrero volvió a vender la finca a otra empresa constructora, en la que figura su hija como accionista, por sólo nueve millones.

Según Cano-Maíllo, el Ayuntamiento de San Fernando no devolvió a Ángel Gullón, propietario original de la finca, los 32 millones de pesetas resultantes de la diferencia entre el dinero recaudado por el municipio y los siete millones a que ascendían las plusvalías adeudas por Gullón, cantidad que no aparece en los libros de cuentas del Ayuntamiento, como ingreso por subasta pública.

El magistrado asegura también que Gullón denunció el embargo y posterior venta de su solar ante el tribunal Económico Administrativo, que falló dando la razón al demandante y anuló las acciones emprendidas por el Ayuntamiento con el terreno. El municipio, según Cano-Maíllo, no anuló el embargo y la venta, y decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, que todavía no ha dictado resolución.